El PSOE y Unidas Podemos, tras meses de negociación, han acordado que el fondo público para compensar a víctimas del amianto se financie con los Presupuestos Generales del Estado. Estas indemnizaciones alcanzarán no solo a trabajadores, sino también a afectados ambientales o domésticos por el contacto con este material contaminante.

Los trabajadores que se han expuesto al amianto podrán anticipar su acceso a la jubilación, como ya hacen muy diversos colectivos profesionales sometidos a condiciones laborales de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene la intención de impulsar la medida en los próximos días. La decisión del ministerio está perfectamente justificada porque el amianto mata de forma directa a 1.900 personas al año.