Se ha aprobado hace unos meses en el Congreso de diputados, a iniciativa del Gobierno actual, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, por la que se prohíbe a todos los poderes públicos, incluida la Administración de Justicia, el evaluar la existencia de la alienación parental que puedan estar sufriendo los niños en cualquier contexto. He esperado varios meses a que dicho párrafo se utilice en algunos procedimientos judiciales de familia para escribir este artículo.

El Ministerio de Igualdad se compromete a tomar "todas las medidas y poner en marcha todas las herramientas de sensibilizacion de formación de todos los actores jurídicos, que tratan la violencia de género para entender la falsedad" del SAP "...y porque todo el mundo conozca la violencia vicaria, esa forma de violencia que los maltratadores ejercen contra sus parejas, contra las mujeres, que también se ejerce contra los hijos e hijas precisamente como dicen muchos de ellos para dar a las mujeres donde más les duele".

El SAP ha sido la solución fácil para los abogados y los juzgados, antes de interesarse por el menor. Y eso a pesar de que el SAP no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica. Ha sido rechazado en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental utilizados en todo el mundo, el DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría y el ICE-10 de la Organización Mundial de la Salud.