Más Madrid ha recurrido la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso de vetar la comparecencia en la Asamblea regional de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, experta de la comisión de la verdad en las residencias a la que se negó comparecer en la Cámara al considerar que acabaría hablando de un tema distinto al que la había llevado a ser convocada. El argumento, pronunciado por el presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, del PP, y recogido negro sobre blanco en el acta de la reunión que certificó la inadmisión de la iniciativa

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo.

La epidemióloga de Monte Hermoso, el centro del primer brote, elevó un mail el 16 de marzo de 2020 a la Consejería de Sanidad con medidas concretas que no se tomaron y en el que avisaba de que la situación sería "pronto compartida por otras residencias". En copia también iba Yolanda Fuentes, entonces directora general de Salud Pública, que dimitió dos meses después por desavenencias con el gobierno de Ayuso y su intención de pasar de fase para relajar las restricciones.

Desde ‘La Voz de Galicia’ hasta el canal de extrema derecha de Javier Negre, los últimos dos presidentes de la Xunta de Galicia han repartido entre la prensa más acrítica con la gestión de sus gobiernos al menos 3.686 contratos sin concurso previo.Esta síntesis ha sido posible gracias al análisis de 1.034.964 contratos menores realizada por El Salto en el que se ha revelado que al menos 3.686 de esas licitaciones.

El Partido Socialista (PSOE) no incluyó a José Luis Ábalos en su lista de propuestas para comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la adquisición de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las Administraciones. Sin embargo, varias fuentes parlamentarias, entre ellas, Aina Vida, portavoz de los Comuns en la Cámara y peso pesado de Sumar, confirman que el exministro sí figurará en la lista definitiva de comparecencias.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está pagando facturas recientes y antiguas a proveedores con un sistema excepcional, las llamadas “convalidaciones de gasto”, a un nivel no conocido en otras autonomías. Entre 2020 y 2023 Ayuso pagó bajo esta fórmula al menos 2.004 millones de euros, gran parte de ellos a las empresas de sanidad privada que prestan servicios en la pública a través de los hospitales y servicios concertados. Solo la Administración General del Estado alcanza cifras totales similares a las de Madrid...

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

El PSOE registra su petición de eliminar la partida de más de 21 millones de euros que se dan a una televisión regional que carga con denuncias de manipulación por parte de sus trabajadores, entre otras polémicas

Seopan señala que a finales del 2026 vencerán diez contratos de concesión de autovías que se financian a través de los presupuestos del Estado y que suponen un coste anual de 300 millones de euros. Las vías quedarán amortizadas y las cuentas públicas dejarán de asumir el coste. Sin embargo, el Gobierno debe definir el modelo de conservación futuro de estas vías y, de paso, pensar cómo va a financiar las infraestructuras.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, ordenó cambiar de tema a Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los derechos de los mayores y sus familias. Rumayor interrumpió a López para reclamarle a la compareciente que se ciña a la cuestión (la situación actual de las residencias) sin hacer menciones a "sucesos de hace cuatro años".

La diputada Esther Platero ha criticado que haga "política"