“No contenta con haber modificado las leyes de manera ilegal para permitir la invasión de miles de vehículos VTC el pasado año, ahora Ayuso ahora redacta un nuevo reglamento para el taxi que parece dictado directamente por Uber, Cabify, Free Now y Bolt.” “Todos estos cambios están dirigidos a extinguir el modelo del taxista autónomo como titular, asfixiándolo en beneficio de las grandes flotas y de todas estas empresas”. “Estamos ante la venganza de la presidenta contra las asociaciones que estuvimos en contra de sus chanchullos..."

Los taxis híbridos se quedan fuera del plan de ayudas que ha lanzado el Ministerio de Transporte pese a que estos son mayoritarios en muchas ciudades: los VTC sí recibirán esta subvención.

12 años encargándose del desplazamiento de los sanitarios del hospital Gregorio Marañón para la atención domiciliaria, pero la CAM les ha quitado el contrato, una empresa VTC se encarga hoy del servicio por más de 200.000 euros. No es la única decisión de la Comunidad de Madrid que perjudica al servicio público del taxi en favor de la empresa privada. En pandemia concedió un contrato a dedo de 7.200 euros diarios a Uber, una empresa que no tributa en España, mientras 16.000 taxistas apenas trabajaban porque los ciudadanos estábamos confinados.

El gabinete de Juanma Moreno (PP) lleva hoy al Consejo de Gobierno una regulación del sector del taxi y las VTC que no convence a los taxistas, que preparan movilizaciones.

Indignación entre los taxistas por la nueva Ley de Transportes aprobada por la Comunidad de Madrid. En su opinión, supone un nuevo guiño a las multinacionales que copan los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Ante esto, la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) ha denunciado ante la Comisión Europea la reforma aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La candidata de Más Madrid para las elecciones del 4-M, Mónica García, prometió este martes volver a aplicar en la comunidad de forma efectiva la ratio de un VTC por cada 30 taxis para proteger el sector del transporte de pasajeros a precios regulados. García denunció que el PP quiere implantar la "ley de la selva" a través de "desregular y liberalizar" el sector, y exigió más inspecciones laborales para el transporte.