La estrategia puesta en marcha en febrero pretendía perseguir a quienes “ensucian persianas de comercios, fachadas, edificios protegidos, garajes, lonjas particulares, mobiliario urbano, con pintadas borrones, supuestas firmas ilegibles que deslucen y ensucian nuestras calles” para «poder probar en un juzgado que una persona en concreto era la autora de las pintadas«. Para ello, se creó un equipo formado por peritos criminólogos, grafísticos y caligráficos y abogados que junto a técnicos municipales y Policía Local
