Los familiares y entidades que querían saber lo que pasó durante la primera ola del Covid en las residencias catalanas se quedaran, de momento, con la duda. El Parlament ha rechazado este miércoles impulsar la propuesta de resolución registrada el pasado junio por En Comú Podem y Ciutadans para crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias para las personas mayores durante la pandemia. Mientras que los "comuns", Cs, Vox, CUP-NCG y PPC han votado a favor, los socios de Govern -JxCat y ERC- y PSC han votado en contra

Los jueces descartan que cometiera delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o prevaricación: “No disponemos de datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento” Coño por eso deberían de investigar, y es la esencia de cualquier instrucción, sobre todo teniendo los protocolos de derivación.

Los familiares y usuarios denuncian con fotografías en redes sociales preparados industriales poco apetitosos, raciones pobres y apenas producto fresco

Estas medidas incluyen un "Plan de Actuación de Episodios de Altas Temperaturas" que incluye cambios en el menú de los residentes -con comidas frescas como gazpacho y ensaladas-, zonas de hidratación -donde los residentes puedan ingerir bebidas frescas en cualquier momento- o explicaciones de cuáles son los síntomas de deshidratación a sus residentes para que sepan pedir ayuda, en el caso de que se sientan molestos.

Andrea Ropero ha visitado el Ayuntamiento de Ripoll para entrevistar a su alcaldesa, Silvia Orriols, cuyo discurso ultranacionalista y antimigración ha sido clave para que su formación, Aliança Catalana, llegue al Parlament. Orriols asegura que ha solicitado hacer la entrevista íntegramente en catalán porque "mi nación hace 400 años que está ocupada por el Estado español que nos ha impuesto su lengua y, por lo tanto, me niego a hablarlo". En el vídeo sobre estas líneas asegura que "en absoluto" se considera de extrema derecha...

Más Madrid ha recurrido la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso de vetar la comparecencia en la Asamblea regional de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, experta de la comisión de la verdad en las residencias a la que se negó comparecer en la Cámara al considerar que acabaría hablando de un tema distinto al que la había llevado a ser convocada. El argumento, pronunciado por el presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, del PP, y recogido negro sobre blanco en el acta de la reunión que certificó la inadmisión de la iniciativa

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo.

La epidemióloga de Monte Hermoso, el centro del primer brote, elevó un mail el 16 de marzo de 2020 a la Consejería de Sanidad con medidas concretas que no se tomaron y en el que avisaba de que la situación sería "pronto compartida por otras residencias". En copia también iba Yolanda Fuentes, entonces directora general de Salud Pública, que dimitió dos meses después por desavenencias con el gobierno de Ayuso y su intención de pasar de fase para relajar las restricciones.

En todas las elecciones desde 1984, los partidos nacionalistas y ahora el bloque independentista (Junts, CiU, ERC, CUP, SI, JxSí, PdeCAT) han sumado mayoría absoluta en el Parlament a pesar de que en la mayoría de ocasiones no han superado el 50% de los votos. CiU, JxSí (la coalición con la que se presentaron Convergència y ERC en 2015) y Junts han sido tradicionalmente las candidaturas más beneficiadas por el sistema electoral en Catalunya.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, ordenó cambiar de tema a Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los derechos de los mayores y sus familias. Rumayor interrumpió a López para reclamarle a la compareciente que se ciña a la cuestión (la situación actual de las residencias) sin hacer menciones a "sucesos de hace cuatro años".