Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, ordenó cambiar de tema a Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los derechos de los mayores y sus familias. Rumayor interrumpió a López para reclamarle a la compareciente que se ciña a la cuestión (la situación actual de las residencias) sin hacer menciones a "sucesos de hace cuatro años".

La diputada Esther Platero ha criticado que haga "política"

El tribunal ha admitido el recurso de 2 denunciantes que condenan la situación de abandono que sufrió su padre hasta fallecer en abril de 2020. Laura y su hermana Marta buscan justicia, y a ella apelan para que los responsables de la gestión sanitaria de aquellos meses no queden impunes. Con ese objetivo, han acudido a la Audiencia Nacional, que ha admitido su recurso contencioso y ha reconocido tener competencias para juzgar el caso. Por lo que ahora se abre el plazo para recibir su demanda contra el Gobierno de Madrid y la Sanidad de Ayuso.

El grupo municipal de Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía las 198 actas policiales de las residencias de la capital que se recabaron durante los primeros meses de la pandemia. Bajo el objetivo de conseguir que se "haga la justicia" y se esclarezca la responsabilidad que los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida tuvieron en el fallecimiento de miles de mayores, Rita Maestre y Manuela Bergerot han puesto en conocimiento del Ministerio Público este dosier.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que muchas familias prefirieron que sus mayores se quedaran en las residencias porque eran sus casas. Las familias contestan que si eran sus casas tenían que haber tenido médicos porque "todos cuando estamos en nuestra casa enfermos llamamos al SAMUR y viene un médico a visitarnos. A las residencias no mandaron a ni un solo médico".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado seis minutos de una entrevista en la Cadena Cope a responder a una pregunta sobre si ella habría pasado página si hubiera tenido a un familiar en una residencia. Con ataques al periodista Carmelo Encinas, que se la ha formulado, la líder regional ha colado durante su intervención al menos seis mentiras

Condenan la "política de oscurantismo y crueldad" del PP "con la que pretenden pasar página".

“Yo no tengo ningún problema en que si se detecta que mi consejería cometió algún fallo, asumir las responsabilidades, y después explicar las razones por las que se tomó una decisión. Lo que me diferencia de Ayuso es que asumo mi responsabilidad (…) Lo del Gobierno de la Comunidad de Madrid me parece absolutamente lamentable, pero tampoco me extraña, porque ha sido el camino que tomó desde el primer día el Ejecutivo de Ayuso”.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, solicitó la movilización del Ejército al Gobierno Central pese a la oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es en abril cuando las referencias a la UME se convierten en una constante en los escritos policiales. Así lo manifiestan buena parte de los textos, como el de la residencia Dos de Mayo que, a fecha de 4 de abril de 2020, pedía la “urgente desinfección por parte de la UME”.

La Junta de Portavoces, con los votos en contra del PP, ha rechazado la petición de Más Madrid para celebrar un pleno monográfico para analizar la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid.Así lo han explicado fuentes de la Junta, que han precisado que toda la oposición —Más Madrid, PSOE y Vox–– han votado a favor en esta reunión convocada ‘ad hoc’ para decidir sobre el Pleno.

Según recoge el informe de la Policía Municipal de Madrid, el edificio presentaba numerosas deficiencias en prevención de incendios, y todo ello pese a que el centro había pasado sendas inspecciones en abril y agosto. Así, en el documento se señalan los problemas que tuvieron los agentes al acceder a la residencia: la boca de incendios de la primera planta no funcionaba -al carecer el agua de la presión suficiente-, varias puertas de emergencia se encontraban bloqueadas, no existían luces de emergencia y el pulsador de señal de alarma

"Tras dejar morir a nuestros seres queridos, privándolos de su derecho a asistencia sanitaria y a una muerte digna, la presidenta bloquea a los familiares de sus víctimas". A las 17.36 horas de este miércoles, y menos de una semana después de que Isabel Díaz Ayuso justificara en la Asamblea de Madrid su Protocolo de la Vergüenza, Marea de Residencias, una de las principales asociaciones que luchan por conocer la verdad de lo sucedido en geriátricos de la región durante las peores semanas de la pandemia, publicó este mensaje en X. Adjuntó, junto

Ayuso ha tenido que salir a defender en público su gestión en torno a estos centros frente a lo que considera ataques "excéntricos" de la izquierda. Pero con un matiz. Esta vez, la Comunidad de Madrid rehúye toda responsabilidad porque considera que fue un accidente, pero sobre todo porque entiende que las deficiencias antiincendios son cosa del Ayuntamiento. Algo que en Cibeles niegan rotundamente. Los equipos de uno y otro lado trasladan la pelota al tejado contrario o, al menos, eximen de culpa el propio.