Mireia Borrás, diputada de Vox, está fuera de todo. La legislatura no ha sido suficiente como para que Jorge Buxadé, quien no deja de hacerse fuerte en el partido, haya decidido mantenerla en las listas. Mireia Borrás es de ese ala más liberal del partido que tanto irrita a la mano «ultraderecha» de Santiago Abascal. Iván Espinosa de los Monteros, uno de los pocos valedores de Mireia Borrás, está fuera de todo mando, algo que Buxadé ha aprovechado para empezar a librarse de quienes considera «inútiles para la causa». Borrás se ha despedido del

Mireia Borrás ha demostrado ser capaz de plantear soluciones, es la única que trata temas que preocupan a los españoles haciendo algo más que vociferar por la calle contra lo “mentiroso” que es el presidente del Gobierno. Son varias las fuentes de Vox a las que sorprende que no tenga más protagonismo. El por qué es sencillo: no quieren que Borrás se coma el protagonismo que tienen (o tenían) Ortega Smith, Espinosa de los Monteros o Abascal. Sin embargo, cada vez que sale un problema de Estado, es la única que plantea soluciones.

Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol. La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el procès, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre ...

l Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el escaño en el Parlamento catalán a la presidenta suspendida Laura Borràs, tras haber sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo. Borràs pidió medidas cautelarísimas ante el Tribunal Supremo contra la resolución de la Junta Electoral, del pasado 3 de mayo, que dejó sin efecto su credencial como diputada del Parlament tras considerar que concurría causa de inelegibilidad sobrevenida…

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y solicitar medidas cautelares contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño de la presidenta suspendida de la cámara catalana, Laura Borràs.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este miércoles despojar definitivamente a la líder de Junts de su escaño en la Cámara catalana y expedir la credencial de Antoni Castellà, el siguiente en la lista de Junts. La decisión de este órgano se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la condenara a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos por un delito de falsedad y otro de prevaricación.

En su turno, el tercer acusado, el empresario Andreu Pujol, ha confesado irregularidades que incriminan a la dirigente de Junts. Después de que el informático y amigo -ahora examigo- de Borràs haya incriminado la presidenta suspendida del Parlament, el tercer acusado también ha apuntado hacia la misma dirección. "Los trabajos que hacíamos eran unas cosas y lo que salía a las facturas eran otras", ha asegurado Pujol a preguntas de la Fiscalía. "Algunas cosas eran reales y otras no".

Se ha convertido en un tema recurrente en conversaciones casuales, reuniones más formales e incluso en documentos de trabajo entre los partidos y organizaciones independentistas escoradas hacia la izquierda. La preocupación creciente es que la existencia de un “trumpismo catalán” en las filas soberanistas ha dejado de ser solo una acusación interesada de sus rivales, para convertirse en un peligro tan real como serio.

Una cuenta de Twitter creada este mes de octubre de una supuesta periodista llamada Joana Masdeu que en el Parlament de Catalunya absolutamente nadie conoce ha difamado hoy a Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de JxCat, y al ex secretario general, Jordi Sànchez. Éste ha replicado a las acusaciones, pero poco después la cuenta ha sido eliminada. Desde ese perfil se había minimizado y relativizado el incidente de Dalmases, y la cuenta tenía entre sus primeros seguidores a Laura Borràs, presidenta de Junts.

La vicepresidenta destituye a la consellera de Agricultura tras desavenencias internas

El European People’s Party (EPP), es decir, el homólogo europeo del Partido Popular, publicó ayer en su cuenta de Twitter un mensaje en el que solicitaban a la Comisión Europea llevar a cabo, con urgencia, la medida que se aplica en la excepción ibérica para reducir el coste de la factura eléctrica: desacoplar el precio del gas de la misma. Pero tras horas publicado en la red, el partido ha dado marcha atrás y ha decidido borrar el mensaje.

Tienen sueldos que oscilan entre los 88.000 y los 48.000 euros brutos. La ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, pese a estar suspendida, mantiene siete cargos y asesores, que forman el gabinete de Presidencia de la cámara catalana, y que tienen sueldos que oscilan entre los 88.000 y los 48.000 euros brutos. Es decir, el Parlament destina más de 400.000 euros a pagar las nóminas de estos empleados públicos.

Hace unos días se destapaba la sorprendente ausencia de Vox en el acto homenaje a las víctimas de ETA organizado en la localidad alicantina de Santa Pola. Hoy revelamos que la carencia de cargos de la formación no se debió a ningún error, sino a una orden expresa emanada directamente desde la dirección provincial presidida por Ana Vega.

La Mesa del Parlament ha aprobado este jueves suspender a la presidenta de la cámara, Laura Borràs. La decisión se ha tomado con los votos a favor de ERC, PSC y la CUP.

La dirigente de Junts, cuando ya no dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), preguntó a un funcionario del ente por una factura sin abonar a su amigo Isaías H.: "Le he dicho que si conviene ya se lo pagaré yo"

La presidenta del Parlament acusa al juez de haber vulnerado su derecho a la defensa en el caso del fraccionamiento de contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)