Alfonso Rueda ha utilizado el último Consello -la reunión semanal de su gabinete- antes de las elecciones para dejar autorizado el recurso contra la ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional. El propio presidente del Gobierno gallego evitó hacer alusión a este -y otros- acuerdos en la comparecencia posterior con la intención de esquivar posibles nuevas denuncias por incumplimiento de la ley electoral.

Reyes Maroto, ha visitado a las personas afectadas por la compra del edificio de Tribulete, 7 por el fondo de inversión Elix Rental Housing: «el modelo de chanchullo especulativo que se ha instalado en Madrid hay que denunciarlo y hay que pararlo”, ha denunciado, señalando que, para hacerlo, «hay que aplicar la Ley de Vivienda». Por lo tanto ha instado al Ayuntamiento y a la Comunidad a que «dejen de incumplir esta ley que garantiza el derecho a la vivienda de todas las personas y que evita que se expulse a las familias de sus hogares».

La dinámica se repite en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Amparándose en la ley de vivienda aprobada la pasada primavera, municipios gestionados por la izquierda solicitan a sus respectivos Ejecutivos autonómicos la declaración de zona tensionada de parte o la totalidad de sus ciudades, una condición imprescindible para poder controlar los galopantes encarecimientos de los precios de los alquileres. Pero sistemáticamente esos gobiernos en manos del PP –que junto a varias de sus comunidades ha recurrido la normativa ante el Tri

La consellera de Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado una revisión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que afecta a los sectores de Torreblanca Golf, Sant Gregori Golf, playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela. El Pativel otorgó un plazo de 5 años para iniciar los obras que se cumplió el 12 de de mayo. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido...

La ley, no obstante, les permite elevar la cuota hasta un 10% si llevan a cabo actuaciones de mejora o rehabilitación de la vivienda. Pero la norma no deja a la libre interpretación del dueño lo que es una obra de mejora, sino que establece unos requisitos exigentes, entre ellos, que el coste total de la rehabilitación supere el 25% del valor del piso.

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda prohíbe que el pago de la renta de alquiler se realice con dinero en metálico, a no ser que una de las partes no tenga cuenta bancaria ni acceso a medios electrónicos de pago, según el texto que tiene previsto aprobar este jueves el pleno del Congreso.

Si hay algo que demuestran los estudios es que solo las regulaciones del alquiler rigurosas y sin fisuras son capaces de limitar los precios y reducir las desigualdades. Ya apuntaba a esto Piketty, en Capital e Ideología, y lo confirma el artículo reciente de Kholodilin y Kohl. Así era, por ejemplo, la ley catalana que estuvo vigente entre 2020 y 2022, y por eso logró bajar los precios entre un 4 y un 6% en los municipios regulados, cosa que no sucedió en los no regulados. En cambio, cuando hay resquicios en la ley, el mercado los identifica mu

“El pacto de Ley de Vivienda anunciado por PSOE, ERC y EH Bildu incorpora algún avance, pero en líneas generales propone una regulación de los alquileres que es una farsa”, critica el Sindicat de Llogaters en un comunicado.

El PSOE y sus socios de Gobierno siguen perfilando la Ley por el Derecho a la Vivienda -ya en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados- con la intención de aprobarla en las próximas semanas. Una de las últimas medidas que se está debatiendo es la de prohibir a las agencias inmobiliarias que cobren honorarios a los inquilinos por el servicio de gestión de alquiler. En su lugar, quieren que sean los propietarios los que asuman ese coste.

Esta normativa, la primera en la época democrática en materia de vivienda, es un compromiso que el Gobierno de Pedro Sánchez adquirió con la Unión Europea para recibir los fondos Next Generation. Debía aprobarse el 30 de septiembre.

La candidata del Partido Popular Europeo tiende la mano a Giorgia Meloni para "trabajar juntas" la próxima legislatura en un debate de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Europea en el que no han participado los grupos de la extrema derecha porque no tienen un candidato global

M.A. Sastre Uyá, diputado por Cádiz, acusado de entrar por "caciquismo" en Cibeles, y coordinador general de Nuevas Generaciones, fue el encargado de criticar la gestión de vivienda por parte del Ejecutivo Central en el Congreso de los Diputados. Sastre Uyá disfruta de dos pisos -uno heredado con 9 años- y recibía hasta hace bien poco una retribución anual de cerca de 62.000 € como personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. No es negativo que con una situación totalmente diferente a la que defiende denuncie una injusticia, pero sí llamativo.

La investigación en torno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia no se resolverá antes de saberse si la alemana consigue su meta de repetir al frente del Ejecutivo europeo tras las elecciones de junio. Según ha informado este viernes la Fiscalía de la UE, el caso, sobre el que la Comisión ha guardado un amplio silencio, queda suspendido hasta el 6 de diciembre.

Cuando Pedro Sánchez logró la investidura y anunció una amnistía, el juez Manuel García-Castellón reactivó una causa que llevaba cuatro años inerte en su despacho. Y acabó atribuyendo un delito de terrorismo a 12 personas. Temerosos de acabar en prisión, cuatro de ellos se instalaron en Suiza solos, lejos de su círculo más cercano (con la excepción del diputado, que vive con su pareja) y se sienten, digan lo que digan, exiliados.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia que el Gobierno también va a regular las plataformas digitales que se usan para contratar empleadas del hogar y personal de ayuda a domicilio.

Una ley estatal de 1973 en Misuri que obliga antes de pedir el divorcio a revelar si la esposa está o no gestando. Los expertos concuerdan que fue diseñada para proteger a madres e hijos (“para garantizar que se estableciera la custodia y manutención y que el padre no pudiera simplemente marcharse”), pero que en la práctica lleva a que mujeres no puedan disolver legalmente su matrimonio mientras estén embarazadas. Una legislación que se repite en otros estados de EE.UU. (Misuri, Arkansas, Texas, Arizona) que cada vez más voces piden reformar.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

El Parlamento de Georgia aprobó hoy la ley "sobre transparencia de actividad de agentes extranjeros", pese al rechazo de miles de manifestantes, oposición y representantes de países occidentales: la comparan con una norma rusa que se aplica para silenciar la disidencia política. Todas las organizaciones no gubernamentales y medios que reciban más del 20% de su presupuesto de otros países tienen la obligación de registrarse anualmente como agentes de influencia extranjera. La UE considera que puede ser un impedimento en su candidura de adhesión.

Minutos antes de que arrancara en la Cámara Alta el pleno por el que los populares impondrán su mayoría para aprobar el veto a esta norma -devolviéndola a la Cámara Baja para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para anular anule la tramitación de la norma.

El Gobierno de Cantabria eliminará la cédula de habitabilidad de las viviendas al considerar que supone “una carga administrativa” para ciudadanos y empresas. En este sentido, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media (PP) ha impulsado un nuevo decreto que fija las condiciones mínimas exigibles a las viviendas y suprime un trámite que, a su juicio, ha provocado “duplicidades y contradicciones que es necesario corregir”.

"Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que va a poner coto a este lucro incesante que han ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, ha anunciado García, asegurando que esta “será un carpetazo a la ley 15/1997 que abría la puerta a modalidades que han deteriorado nuestro sistema nacional de salud”. La ministra de Sanidad se compromete, de esta manera, a dar cumplimiento a uno de los puntos contemplados en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Casi tres meses después, la presidenta de la Comisión Europea no ha contestado a la carta de Sánchez y su homólogo irlandés. El alto representante advierte del empeoramiento de la situación humanitaria tras el ataque en Rafah y pide reanudar por completo la financiación a UNRWA

El encarecimiento de los alquileres y las propiedades puede convertir a la vivienda en el próximo campo de batalla de la política europea

La ley de amnistía y el 'caso Koldo' se llevan más del 36% de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno en las sesiones de control que se celebran casi cada semana, en un pleno ordinario los miércoles. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha tenido que responder ninguna cuestión en el Congreso. 85 cuestiones a los miembros del Gobierno en estos cinco meses y solo una única vez se preguntó por asuntos puramente económicos y fue en la primera sesión de control de la legislatura.

El Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional. Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox.

Entidades de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas han instado a la retirada "inmediata" de la ley de concordia registrada por PP y Vox en Les Corts, al considerar que equipara el franquismo con la dictadura y olvida a víctimas como los bebés robados, las mujeres encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer o los abusos cometidos por la Iglesia católica.

Las nuevas leyes propuestas por los gobiernos de coalición regionales de derecha y extrema derecha para “blanquear” la dictadura de Franco podrían contravenir las normas internacionales de derechos humanos, advirtieron a España expertos de la ONU en verdad, justicia, desapariciones forzadas y asesinatos.

Un informe elaborado por cuatro organismos de la institución señala que las normas contra la ley de memoria democrática de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista".

Al menos 63 personas fueron detenidas en la noche del martes en Tbilisi, capital de Georgia, durante una nueva jornada de multitudinarias protestas en el país contra la llamada “ley de agentes extranjeros” [...] polémico texto que el actual Gobierno del partido populista Sueño Georgiano ya renunció a aprobar el año pasado tras las inmensas movilizaciones en su contra [...] Los opositores denuncian que la ley promovida por el Gobierno es una copia de la normativa que se emplea en Rusia para reprimir a la disidencia.

Alcaldes y concejales de A Mariña, senadores y diputados, entre otros, durante el acto sobre la Lei do Litoral impulsada por la Xunta que presidieron en el Thalasso Cantábrico Las Sirenas, en Viveiro, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.