Una vuelta de tuerca más en el mayor caso de corrupción urbanística y fraude fiscal enjuiciado en Aragón. La Audiencia de Zaragoza, órgano ejecutor de la sentencia, ha acordado sustituir las penas de prisión, inferiores a dos años, impuestas a la que fuera alcaldesa de la Muela —entre 1989 y 2011, con el CDS y el PAR—, por 59.880 euros en multas.