A continuación publicamos una carta pública en rechazo a las declaraciones de apoyo de presidentes y dirigentes de América Latina al reelecto gobierno de Recep Tayyip Erdoğan en Turquía.

A su vez los avances hacia una resolución pacífica del conflicto kurdo se ven permanentemente obstaculizados por la constante vulneración de los derechos de Abdullah Öcalan, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y representante de una considerable parte del pueblo kurdo. Öcalan se encuentra encarcelado por el Estado turco desde el 15 de febrero de 1999 en una isla prisión de alta seguridad tipo F en calidad de preso político y totalmente aislado de cualquier contacto exterior.

A pesar de nuestra larga historia de existencia, la violencia más devastadora contra los kurdos sólo se produciría con el surgimiento de la modernidad capitalista en los últimos dos siglos. Aunque los ejecutores de estas políticas en la región han sido los Estados de Turquía, Irak, Irán y Siria, hay que reconocer que las potencias imperialistas mundiales, principalmente, Gran Bretaña y los Estados Unidos, han sido las que han preparado el terreno para que estos Estados cometan masacres ofreciéndoles apoyo y orientación.

La Fiscalía de Turquía ha reafirmado que el opositor kurdo Partido de la Democracia del Pueblo (HDP) debe ser "ilegalizado permanentemente" por considerar que es el "brazo político del grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)". El fiscal jefe del Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía, Bekir Sahin, ha defendido ante el Constitucional la presentación de su demanda, con la que busca la prohibición del partido. Sahin ha indicado que ahora el caso queda en manos del tribunal en cuestión, que tendrá que emitir veredicto

El número actual de kurdos en nuestro país ronda las 1.500 personas. Llegaron a ser en torno a dos mil hace ahora veinte años, pero la recesión y el desempleo les empujó a emigrar a países como Alemania, Suecia o Finlandia.

La resolución presentada por la mayoría de partidos presentes a la cámara legislativa del país implica el reconocimiento institucional de las estructuras administrativas del Norte y Este de Siria y promueve el establecimiento de vínculos diplomáticos. Iniciativas similares están en marcha en el País Vasco y el País Valencià. La moción se ha presentado en el Parlamento español en la fecha simbólica de la Revolución de Rojava.