Xavier González de Rivera es portavoz de la asociación de jueces Ágora Judicial , creada a principios del 2018 y que es una auténtica anomalía. De hecho, entre sus integrantes se encuentran algunos de los 33 jueces que fueron expedientados por haber firmado un manifiesto en defensa del encaje jurídico del derecho a decidir y de los que La Razón publicó nombres y apellidos y las fotografías, una filtración de datos por los que el Estado ha sido condenado recientemente por el Tribunal de Estrasburgo.

El juez Andreu anima a sus contertulios a hacer un pelotazo después de la comida. Olivera y Villarejo aceptan quedarse. El jefe del CITCO recomienda tomar una “bombasa” porque el otro día le probó en casa de su hija. Serán dos bombazas con tónica. Villarejo no toma otra cosa. No tienen mucho tiempo, porque Villarejo tiene una gestión a las cinco y media de la tarde y el juez supuestamente tiene que volver a trabajar, de ahí que telefonee a su chófer, Marcelo, para que lo recoja en 20 minutos. Así que los tres van por faena...

Una vez servidos y terminados los postres llegan los cafés. Cinco diferentes: un carajillo, un café, un cortado, un café con leche y un café con leche desnatada. En este punto entra un nuevo protagonista como tema de conversación: la fiscalía. Empiezan con críticas sobre la imputación de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por unas supuestas cuentas en Suiza y por unos almuerzos con gente sospechosa de corruptela. El juez Andreu alega que no se puede imputar a nadie por el hecho de que coma con según quién.

Ahí está, a la vista de todos. Un juez reconociendo ante las cámaras sin tapujos que mintió a sus colegas franceses para obtener información sobre ETA. No hay más preguntas, señoría. Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que esta misma semana ha sido cuestionado por la Justicia suiza, aparece en un vídeo de hace cuatro meses reconociendo que cuando era juez de enlace con el Gobierno de Aznar mintió a otros jueces franceses para obtener información. Con una tranquilidad total, como si mentir no fuese problema alguno.

Manuel Díaz de Rábago ya pidió el voto para la coalición abertzale en las elecciones municipales del 28-M. El magistrado tuvo que llevar escolta y dos comandos de ETA tenían datos suyos

También vincula su actual situación judicial con su apoyo a la investidura a Sánchez: "Si hubiéramos hecho presidente a Feijóo, todo esto no pasaría". Puigdemont sostiene que esa decisión "no se produjo por generación espontánea" y que llegó tras las palabras de Aznar el 2-11 en un acto público ante Feijóo: "El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva". El día 6 de noviembre, el juez García Castellón abrió la investigación por terrorismo contra Puigdemont.

Pasadle esto a Feijóo y al CGPJ, que igual se creen que nos toman el pelo. Rafael Hernando: El juez De Prada está en sintonía con el mundo de ETA.

El Ministerio del interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz (PP), no solo creó la llamada policía patriótica contra el independentismo catalán y otros rivales políticos, sino que en otoño de 2012 incluso permitió que un comisario de la policía española entregara al fiscal y al juez del caso Palau de la Música un informe falso, firmado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), sobre supuestas cuentas en Suiza que implicaba al partido de Convergència y al entonces president Artur Mas.

Según la documentación que ha podido consultar elDiario.es, el pasado 13 de noviembre la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado Santiago García al Consejo de Ministros para solicitar, tal y como manda la ley, la desclasificación de información reservada o secreta del CNI.

En su declaración de hoy, Cospedal, sin embargo, lo ha negado todo. La exsecretaria general del PP ha asegurado que sólo se reunió con Villarejo en cinco o seis ocasiones y que no recuerda haber hablado de Bárcenas o su abogado en ningún momento, apartándose, por tanto, de las citadas presiones que el magistrado investiga. La que fuera mano derecha de Mariano Rajoy sí ha explicado los motivos por los que se reunió con el comisario jubilado: porque Villarejo disponía de información de personas que querían perjudicar al PP. Cospedal ha negado...

El editor de ‘Mongolia’ Darío Adanti se presenta este 13 de noviembre en un juzgado de Barcelona, imputado por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Todo por una portada, cuyo chiste, el juez no ha entendido.

La decisión de investigar, en la recta final de la negociación sobre la amnistía del 'procés', a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el marco de la causa por el 'Tsunami Democràtic' enciende las críticas contra este juez, cuya trayectoria está marcada por su afinidad al PP.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la cúpula de su gabinete, durante el gobierno de Mariano Rajoy, por el caso Kitchen, sobre el espionaje ilegal en 2012 y 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia para apoderarse de la documentación sobre la financiación ilegal del PP.

Un juez de Sant Feliu de Llobregat ha archivado la causa judicial abierta por un presunto delito de injurias al director del programa de humor de TV3 'Està passant', Toni Soler, al copresentador Jair Domínguez y a la actriz Judit Martín por la parodia que emitieron la pasada Semana Santa sobre la Virgen del Rocío. El togado ha estimado el recurso de la defensa y considera que la conducta de los tres investigados "no es constitutiva de delito" y se amparan en la libertad de expresión, un derecho que, a su entender, no se ha extralimitado.

¿Qué puede pasar con el sistema judicial si PP y Vox llegan al poder? ¿Hay independencia en la justicia en España? ¿Cómo se eligen los jueces del CGPJ? ¿Qué opina de los aforamientos en España? ¿Qué opina de la inviolavilidad del rey emérito? ¿Por qué cree que la derecha europea no es homologable a la española? ¿Cuál es su opinión sobre la guerra en Ucrania? ¿Cree que se puede llevar a Putin a la Corte Penal Internacional? ¿Qué opina de la censura a los deportistas rusos?

El juez federal David Ezra de Austin (Texas) ordenó el miércoles al estado retirar las boyas que había instalado en el río Grande, en un tramo fronterizo entre EE.UU. y México para impedir el ingreso de inmigrantres. Constituye una victoria para la Administración Biden, que había presentado una demanda en corte contra la barrera acuática, que fue instalada tras una orden del gobernador del estado, Gregg Abbott. Obliga al estado a retirar las boyas antes del 15 de septiembre y prohíbe a las autoridades estatales instalar estructuras similares.

Hace tres años el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la población del Sáhara Occidental nacida antes de 1976 obtuviera la nacionalidad española. Una sentencia que estableció que los ciudadanos de ese territorio nunca fueron españoles y que, si no lo solicitaron en plazo, ya no había nada que hacer. Ahora una nueva decisión de los tribunales madrileños confirma ese criterio y rechaza la petición de un hombre nacido en el Sáhara en 1967, pero uno de los jueces firma un voto particular en el que defiende que la población saharaui sí era españo

El magistrado Jorge Rafael Muñoz Cortés, uno de los jueces que dictó sentencia en 2014 para mantener en pie el polémico complejo hotelero de El Algarrobico, trabaja ahora para el Ayuntamiento de Carboneras para defender sus intereses en el caso y conseguir que el edificio turístico, situado en la costa del parque natural del Cabo de Gata, no sea derribado.

"Quitar de en medio al juez y al fiscal", ese es la amenaza que la Fiscalía nunca llegó a investigar pese a que una comitiva judicial se trasladó a la cárcel de Palma para entrevistarse con el recluso que escuchó el encargo. No se levantó acta de aquella entrevista.

La jueza ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Miguel Ángel Díez, al que se acusa de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental