El proceso permitirá el regreso a sus dueños de fincas destruidas tras la administración del Estado, pero sin indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados

En Galicia entró en vigor en mayo una ley, la de Tierras Abandonadas, que ha sembrado la preocupación en el Gobierno central. Un total de 44 de sus artículos han sido objetados por distintos ministerios, que acusan a la Xunta de extralimitarse en sus funciones e invadir competencias reservadas al Estado.

Conviene recordar a Casado, cuando acusa al Gobierno de expropiador, que la expropiación más grande en democracia la llevó a cabo su partido en los 90, al quitar a los españoles la propiedad de empresas públicas muy rentables para dársela a inversores privados. Y sin pasar por las Cortes.

La ampliación del Prat no es, por supuesto, el único caso en el que la oposición de los vecinos o de las autoridades locales frena un plan de inversiones por causas medioambientales. Pero es, sin duda, el más llamativo. Y lo es porque al tratarse de una inversión estratégica para España, cuyo PIB es muy dependiente del turismo y de sus actividades conexas, aflora un debate sobre los límites de las competencias locales y autonómicas y el interés general.