La Audiencia de Barcelona juzga 3 jóvenes de Sant Cugat, a quien el fiscal pide dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y una multa de 290 € por delito de daños por haberse manifestado en favor de la libertad de expresión y contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el 20 de febrero de 2021 en Barcelona. Paralelamente: El TC invita a la presidenta del TEDH cuando acaba de admitir los recursos del Procés.

En España, tenemos un problema con las leyes que condenan pretendidos delitos contra los sentimientos religiosos, las injurias al rey y a las instituciones o la ‘ley mordaza’. Esta semana, los cómicos de TV3 que hicieron una parodia sobre la Virgen del Rocío, han sido imputados por una jueza por un presunto delito de injurias, pese a que, que sepamos, la Virgen del Rocío no se ha pronunciado sobre el gag cómico de la televisión pública catalana y no consta que se sienta ofendida.

"El gobierno federal no debería estar en el negocio de censurar la libertad de expresión", dijo Boebert a Newsweek en un comunicado. "Esta es la última versión del fallido 'Ministerio de la Verdad' de esta administración. La Primera Enmienda garantiza un mercado de ideas donde la verdad, la belleza y la justicia ganan en última instancia. No apruebo el antisemitismo".

La dictadura liberticida de los ultrajaditos. La censura contra todo aquel que piense diferente de la ultraderecha de piel fina. La censura de la dictadura de lo políticamente puto facha.

Es algo que se ha exigido de forma permanente tanto desde instancias internacionales como desde organizaciones de derechos humanos. El tiempo pasa y la reforma de los llamados "delitos de expresión" sigue sin ver la luz en la recta final de la legislatura. A pesar de ser un compromiso adquirido hace dos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ninguna de las múltiples enmiendas al Código Penal que ha impulsado desde entonces ha metido mano a las injurias a la Corona, las ofensas contra los sentimientos religiosos el enaltecimiento del terrorismo

De la descripción del vídeo: Anónimo García es un agitador ultrarracionalista, miembro fundador de Homo Velamine, un colectivo anti-dogmático con el fin de incomodar tanto a la gente de izquierdas como de derechas a través de acciones de impacto mediático que han dado mucho que hablar como en “El Tour de la Manada”.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha presentado el informe final de su visita a España el noviembre pasado para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, en el cual pide cambios en el Código Penal español para "reforzar" el ejercicio del derecho a la libertad expresión y hace hincapié en la "urgencia" de revisar la ley mordaza para que "cumpla completamente" los estándares europeos e internacionales de derechos humanos.

Según la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, entre 2014 y 2022 hubo 877 intentos de castigar a académicos por expresiones que están, o lo estarían en contextos públicos, protegidas por la Primera Enmienda. El 60% se tradujo en sanciones reales, incluidos 114 incidentes de censura y 156 despidos (44 de ellos de profesores titulares); más que durante la era McCarthy. Peor aún: por cada académico castigado, muchos más se autocensuran, sabiendo que podrían ser los siguientes.

Tenemos hoy la gran oportunidad de entrevistar al pensador Alain de Benoist. Padre de la Nueva Derecha francesa de los años 1970s de la que han bebido los movimientos populistas de nuestro tiempo. Pensador infatigable que es capaz de conjugar desde el marxismo a pensamientos religiosos en un discurso vibrante y muy apreciado por personas que, en un principio, pueden defender posturas aparentemente alejadas.

Imputados 4 activistas del socialismo negro de los EEUU, incluido un señor de 79 años por "utilizar la libertad de expresión como arma". Les acusan de ser "agentes rusos ilegales" y quieren condenarles a 15 años por "escribir artículos periodísticos de propaganda" y "ser una influencia maligna".

España es el país del mundo que más artistas tiene condenados a prisión, diecinueve, por delante de China, Irán, Cuba o Rusia.

«La inmunidad parlamentaria tiene como objetivo proteger la libertad de expresión en el Parlamento, y, por lo tanto, mantener la separación de poderes», destaca citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que han recurrido precisamente los políticos catalanes condenados por impulsar el proceso soberanista que dio pie a la consulta del 1 de octubre de 2017.

El tribunal señala que la imposición de una pena de prisión por un delito en el ámbito de la expresión política sería compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 de la Convención sólo en circunstancias excepcionales como, por ejemplo, en el caso de discurso de odio o incitación a la violencia.

Si creemos en una democracia deliberativa, en la que deben poder escucharse las voces que tienen algo que decir sobre los temas públicos, si asumimos que tanto nosotros como particulares como el gobierno y los partidos, tenemos un interés en conocer lo que se opina desde distintos lados, así como obtener información de diversas fuentes, entonces debe preocuparnos lo que está sucediendo. Hemos cedido el control del discurso público a oscuras fórmulas matemáticas y criterios económicos.