La acusación pública solicita penas que suman 11 años de prisión y conllevan hasta 20 de inhabilitación absoluta. Se requiere al acusado para que preste una fianza de 74 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Si no lo aporta, serán embargados sus bienes en cantidad suficiente.

Tras extractar estos de las declaraciones, la documentación incautada en los registros y los informes, en la abultada prueba practicada, la juez concluye que existen indicios de que el proyecto de la Desaladora fue impulsado desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia por el investigado, "que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron".

En enero de 2021 se archivó la causa contra el expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, en el caso de la desaladora de Escombreras; ahora la Audiencia Provincial ha estimado una parte del recurso del Ministerio Fiscal contra esa decisión por falta de argumentos para su sobreseimiento.