Las plantas valencianas construidas por el Gobierno de Zapatero apenas funcionan al 30% de su capacidad; la de Sagunto, de propiedad estatal, opera al 10% y necesitará unas obras para canalizar el agua hasta el Puerto y ser transportada a Cataluña

Bonilla pide al Gobierno Central que le ayude a crear un “un acuerdo de financiación para poner en marcha un mapa de desaladoras en Andalucía" para frenar la sequía, unas infraestructuras que suponen una amenaza para los ecosistemas marinos andaluces.

Fue el proyecto estrella del presidente Valcárcel, para quien la Fiscalía pide once años y medio de prisión. 180 millones de metros cuadrados fueron recalificados en Murcia con el solo aval del agua potable que surtiría una desaladora, explotada por el Grupo ACS. Pero el Supremo tumbó los planes urbanísticos. Es acusado de los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la Desaladora de Escombreras, en Cartagena.