Ocurre con el chivatazo como con el resto de indicios de corrupción en torno al Ayuntamiento de Marbella que surgieron durante la investigación: ni el Juzgado ni la Fiscalía Antidroga apreciaron motivos para investigarlos. Después, el magistrado Manuel García Castellón dictó auto de procesamiento –el 29 de septiembre pasado– sin que hubiera trascendido nada de la causa llevada durante tres años bajo secreto.
