El Ministerio de Consumo sancionó el pasado año a 19 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online por infracciones graves o muy graves e impuso multas por un valor total 58 millones de euros.

El hecho de que las principales empresas de casas de juego y apuestas se hayan asentado en barrios populares de las grandes ciudades no es baladí.

El ministro Garzón tenía un único cometido, como nos informaron por tierra, mar y aire: acabar con el negocio de las casas de apuestas. Contaba con toda la opinión pública detrás, estábamos todos de acuerdo —de forma incluso algo sospechosa, si bien se piensa—. No debía ser tan difícil. Pero Garzón ha conseguido no sólo no acabar con la publicidad de apuestas en el deporte sino marcar cifras récord de negocio para las empresas de juego online. Es demasiado incluso para los cánones de inutilidad del personaje.

Además de los salarios anuales que cobran en España, los principales directivos de la compañía esperan dar el pelotazo de sus vidas cuando Blackstone revenda la compañía en Luxemburgo.

Los datos oficiales de la Comunidad de Madrid muestran que la proliferación de los locales de apuestas en los barrios de menor renta media de la ciudad, como Carabanchel, Puente de Vallecas, Tetuán y Usera.

Se critica la inacción del ayuntamiento a una moción que se aprobó en 2018 por unanimidad para evitar la apertura de este tipo de negocios cerca de colegios y ahora los técnicos han dado luz verde para abrir este establecimiento a menos de doscientos metros de un colegio

Quizá sería oportuno preguntarnos si, más que defender a los medios del Estado, lo que hay que hacer es defender al Estado democrático de las empresas que hacen negocio con los medios de comunicación

Va a limitar drásticamente los anuncios de los operadores de juego y va a implicar que los operadores que incumplan el veto a los anuncios puedan perder su licencia durante seis meses y se expongan a multas de hasta un millón de euros.