Desde ‘La Voz de Galicia’ hasta el canal de extrema derecha de Javier Negre, los últimos dos presidentes de la Xunta de Galicia han repartido entre la prensa más acrítica con la gestión de sus gobiernos al menos 3.686 contratos sin concurso previo.Esta síntesis ha sido posible gracias al análisis de 1.034.964 contratos menores realizada por El Salto en el que se ha revelado que al menos 3.686 de esas licitaciones.

La Xunta aprobó las ayudas, que benefician a las grandes editoras como 'La Voz de Galicia' y Prensa Ibérica, tres días antes de la investidura del nuevo presidente. El principal beneficiario de las ayudas de la Xunta es La Voz de Galicia, el diario propiedad del editor coruñés Santiago Rey, que a través del periódico, de su versión digital y su emisora de radio se llevó desde 2009 más del 35% de las ayudas.

Antonio Martín, letrado ya jubilado, que representó a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, a Pilar Manjón y a otra treintena de víctimas en la vista oral, tres años después de la matanza, recuerda la "miserable" labor de un puñado de periodistas afines al PP y de los abogados de las otras dos asociaciones personadas.

El Ayuntamiento de Madrid superó su gasto en publicidad institucional en 2022. El dinero que reciben portales como 'The Objective' o 'El Debate' es el que más ha crecido. El Ayuntamiento pasó de pagar casi 4.000 € por insertar campañas de publicidad en 'The Objective' en 2021 a 76.334 € en 2022. En 2022 el Gobierno de Almeida gastó 8,22 M de € para insertar publicidad a nivel nacional. Otra de las webs que recibió mucho más dinero en 2022 (76.543 €) que en 2021 fue 'El Debate'. Son datos del portal de transparencia del propio Ayuntamiento.

Durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, el gabinete de la Presidencia utilizó cuentas de correos oficiales para pedir a empresas de la región que colocaran a personas vinculadas a los populares que solicitaban trabajo directamente a Sanz y a su mano derecha, Arturo Steven. En los documentos consultados, decenas de currículums se acompañan de justificantes de envío a compañías privadas desde las cuentas oficiales de Steven o de Patricia Gil, su secretaria.

La Administración autonómica gallega funciona en ocasiones como una tupida red clientelar en la que las entidades instrumentales de la Xunta se utilizan para recolocar con gruesas nóminas a quienes han perdido sus escaños, alcaldías, consellerías o concejalías tras servir al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.