Sumar empieza a desgranar algunas de las medidas que llevará en su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La candidata de la coalición, Estrella Galán, ha avanzado que llevarán a Bruselas la reducción de la jornada laboral que están intentando impulsar en España y que avanzarán en la eliminación de los paraísos fiscales. “Queremos evitar que las empresas cambien de domicilio fiscal para pagar menos impuestos mientras siguen obteniendo beneficios en el país del que se han marchado”, ha dicho en un desayuno informativo.

Quedan solo dos días para las elecciones europeas. Los partidos se enfrentaron ayer en un debate electoral para dar el último empujón a la campaña. El choque entre el PSOE y PP protagonizó gran parte del programa en RTVE: la candidata socialista, Teresa Ribera, reprochó el acercamiento de los de Alberto Núñez Feijóo a la ultraderecha.

Uno de los elementos más controvertidos de este caso es que Barrabés incluyó en su oferta 32 cartas de recomendación procedentes de diversas entidades públicas y privadas. Entre estas cartas, una estaba firmada por Begoña Gómez, lo que generó sospechas y acusaciones por parte del Partido Popular (PP). Sin embargo, lo que ha pasado relativamente desapercibido es que otra carta de recomendación fue firmada por la responsable de Empleo del propio Ayuntamiento de Madrid.

Díaz, que mantuvo gesto serio durante las intervenciones de los socialistas en la sesión de control, terminó mudándose de lugar en el Hemiciclo durante el debate sobre la amnistía del jueves. El desdén que el ala socialista escenificó en la Cámara también ha tenido grandes muestras en la acción de Gobierno en las últimas semanas, donde se desatienden por sistema las peticiones, exigencias y propuestas de Sumar, que tenía en el proyecto presupuestario una gran oportunidad para exhibir su influencia. Pero esta semana todo se ha tambaleado.

El vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, ha esgrimido el Reglamento de la Cámara para exigir un mínimo de 24 o 48 horas para estudiar la Ley de Amnistía antes de que la Mesa la califique.

El vicesecretario de Economía del PP y diputado por Sevilla, Juan Bravo, ha asegurado este sábado que la jornada laboral de 37,5 horas semanales, recogida en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, "ya existe en la práctica" y cree que la medida es sólo "un discurso vacío".Bravo ha señalado que el acuerdo entre empresarios y trabajadores ya permite jornadas por debajo de las 40 horas máximas del Estatuto de los Trabajadores e, incluso, algunas empresas ya han implantado la semana de cuatro días.

La medida acordada mejorará la vida de millones de personas que hacen jornadas largas, pero según los estudios su aplicación progresiva limitará los nuevos empleos y el coste para las empresas

Vox no solo destaca sobre todas las demás formaciones por la cuantía de los fondos privados que recibe, sino también por ser la único al que el Tribunal de Cuentas ha amonestado por falta de identificación de sus donantes. La Ley de Financiación de los Partidos Políticos prohíbe las donaciones anónimas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por persona física y obliga a notificar en plazo todas las superiores a 25.000 euros. Aunque el órgano fiscalizador ha emitido una opinión “favorable con salvedades” a las cuentas de Vox en 2018...

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, propone una ley para establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas, con diálogo social y sin merma en el salario.Así lo ha trasladado la vicepresidenta segunda en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, para enfatizar que es una medida "revolucionaria" porque el "tiempo es lo más valioso" para los que no tienen "grandes propiedades ni apellidos importantes".

El regidor vive sus últimas horas en el cargo con una sensación de vacío que espera ir rellenando en el futuro Le gustaría que lo recordaran como un alcalde honrado y honesto y que metió a Cádiz en la senda del siglo XXI Kichi ante su espejo

La Cámara de Cuentas desvela que Madrid Network, nacida como entidad público-privada, lleva desde 2018 sin pagar las cuotas de devolución de los 80 M que le abonó siete años antes el Ejecutivo regional. Relativo a las cuentas madrileñas de 2021, el informe cifra las “cuotas impagadas” por la asociación hasta ese ejercicio en 32.252.000 €. Dirigida en su inicio por un imputado por la financiación del PP finalmente exculpado, la asociación prestó dinero a antiguos altos cargos que se negaron a devolverlo, entre ellos el exconsejero Manuel Lamela.

Después del caos provocado por Filomena, Ayuso se niega a pagar las horas extraordinarias de los trabajadores del 112.