El juicio contra Álvarez-Cascos por un presunto delito de apropiación indebida comenzará el 5 de noviembre La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha fijado el 5 de noviembre de 2024 el inicio del juicio contra el exministro y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito de apropiación indebida por presuntamente cargar gastos personales al partido que fundó en el Principado, Foro Asturias.

El polémico Álvarez Cascos se ha visto rodeado de críticas por un lado y los brazos abiertos por parte de dirigentes del PP en Asturias. En redes sociales no han escatimado en poner de manifiesto las «bondades de Álvarez Cascos, quien en 2019 comentaba el contexto de la «brutal matanza de Atocha donde fueron asesinadas 192 personas» e insultó a Pilar Manjón de la Asociación 11M: «Por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones», dijo como ha recordado el historiador Lucio Martínez.

La empresa de compraventa de arte copropiedad de Álvarez-Cascos hasta que fue presidente del Principado, y en cuya gestión siguió participando activamente tras dejar el cargo, facturó 10,5 M de € desde su constitución en 2004, cuando dejó el ministerio de Fomento. Casi la mitad de las ventas de esta cía corresponden a piezas de arte... para varias empresas constructoras que fueron adjudicatarias de Fomento cuando Cascos era ministro, así como para entidades públicas vinculadas al PP o para cajas de ahorros controladas por responsables políticos

El Ministerio de Fomento con Francisco Álvarez-Cascos a la cabeza adjudicó en los años 2002 y 2003 obras a la constructora Azvi SA por un valor de 223 millones de euros, según consta en un informe del caso de los 'papeles de Bárcenas' elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). La Policía Judicial del caso de la caja B del PP contabilizó el montante de las adjudicaciones del Ministerio del político asturiano con documentación oficial del Ministerio de Hacienda.

El escándalo desvelado por ABC por los presuntos cobros irregulares de Francisco Álvarez Cascos tiene efectos colaterales en el siempre movido entorno de Beatriz Fanjul. Uno de los hijos del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar, Alfonso, número cuatro de la formación de Fanjul, ve amenazada su incipiente carrera política en el PP. Fuentes de Génova aseguran a MONCLOA.COM que el joven dirigente estaba ya en el punto de mira del PP de Isabel Díaz Ayuso, al margen de las informaciones de ABC sobre su padre.

El tribunal rectifica a la jueza instructora y admite toda la reclamación del partido. Incluye el alquiler de una “sede fantasma” a su entonces esposa.

El sueño de la razón produce monstruos, pero si eres político produce, sobre todo, infraestructuras. Si eres el concejal de una apacible ciudad de provincias, las obras serán tu pasaporte a la posteridad. En Gijón, muchos han intentado hacer una muesca en el universo haciendo y deshaciendo la ciudad: casinos y balnearios con accesos subterráneos a la playa, una avenida monumental derribando el centro, un aeropuerto a un km. de San Lorenzo o el flamante metrotrén, un túnel de 3,5 km por el que no ha pasado nunca un tren, abandonado durante años.

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a sembrar la discordia en el Congreso de los diputados tras catalogar al gobierno de "cómplices de terroristas". El diptuado Txema Guijarro, le ha replicado tras escuchar las acusaciones de la dip. Popular, expresando que "lo dicen sin vergüenza alguna" y señalando que no les están haciendo ningún favor a las víctimas.

La constructora Azvi, cuyos dueños abonaron según las anotaciones de Bárcenas 858.000 € a la caja b del PP, reconoció en un juicio que no recibió la obra de arte, pero que recuperó los fondos. La dueña de Aqualium Spain SL, la intermediaria de arte María Porto, entonces casada con Álvarez-Cascos, convenció a la constructora, -cuyos dueños aparecen como donantes del PP en los papeles de Bárcenas-, para que comprara por 406.000 € un "Tàpies". Una socia de María Porto fue condenada a dos años de cárcel y a devolver a Aqualium Spain 406.000 €.