La estrategia jurídica en las regularizaciones llevadas a cabo en diciembre y ahora en febrero es la misma: evitar la investigación al rey emérito por delito fiscal. Pero hay una diferencia fundamental entre ambas. Mientras que en la de diciembre los fondos procedían presuntamente de una donación, en la que se ha producido esta semana se trata poner a don Juan Carlos al día con Hacienda por rentas no declaradas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se siga la investigación por el uso de 50.000 euros de la caja de solidariedad de Podemos para asociaciones afines

El grupo catalán Planeta (el de Atresmedia) tiene varios periodistas en nómina. Los hay que hacen el ridículo, como Paco Marhuenda, o que tienen un sesgo facha, como Vicente Vallés. Algún otro juega a parecer ecuánime pero se le ve el plumero. Es Carlos Alsina, que hace el matinal de la radio de Planeta, Onda Cero. Quiere ser como Carlos Herrera un punto menos casposo. Este jueves se ha pasado de listo contra un diputado vasco, Jon Iñarritu, que defiende a los artistas que, como Pablo Hasel, sufren una justicia española ultra.

El presidente, Pedro Sánchez, ha llamado al líder del PP, Pablo Casado, para retomar esas conversaciones. El tono parece haber cambiado. El bloqueo de momento sigue, y el PP insiste en su exigencia de que Unidas Podemos no esté de ninguna manera en la negociación ni pueda proponer vocales del Poder Judicial, pero los mensajes que llegan tanto del Ejecutivo como de los populares muestran que algo podría moverse.

La investigación por estafa al que fuera líder del partido en Andalucía, el chat racista de los dirigentes de la formación en Ceuta, el intento de asalto a un centro de menores migrantes no acompañados en Barcelona y presuntos abusos sexuales a menores son algunas de las causas judiciales en curso a integrantes de la formación ultraderechista, que ha tenido entre sus filas a condenados por violencia machista, abusos sexuales a discapacitados, delitos económicos, agresiones y vandalismo contra símbolos de la Memoria Histórica.

El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, quiere tumbar a través del Constitucional leyes que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios.

PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta

NEl PP se enroca con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo a sabiendas de que su actitud no tiene en principio castigo alguno. No hay ningún poder democrático que pueda continuar haciendo las mismas cosas cuando queda en funciones por fin de su mandato.

El PP "descarta absolutamente" que haya un acuerdo para la renovación del CGPJ antes de fin de año Génova asume públicamente que hay "desgraciadamente" legislatura para largo

El Washington Times ha informado de que Judicial Watch ha encontrado a 1,8 millones de “votantes fantasma” en 29 estados y ha advertido sobre estas “sucias” elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que todavía no se conoce al ganador. Esta entidad, que investiga supuestas faltas en la conducta de funcionarios gubernamentales, ha publicado un estudio comparativo entre las estadísticas de población de la Oficina del Censo y los datos de registro de votantes estatales, y ha revelado una disparidad notable.

La negociación abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder judicial debe incluir (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

El CGPJ sigue designando cargos en la cúpula judicial sin atender al resultado de las negociaciones para su renovación. Los nombramientos salen adelante con amplia mayoría con el respaldo de todos los vocales conservadores y parte de los progresistas

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala de lo Penal que no admita a trámite las querellas contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 20 de enero. El Ministerio Público ha enviado ya un informe al alto tribunal en el que se opone a la admisión de las querellas presentadas por los partidos Laócrata y Vox contra Ábalos porque no existen indicios suficientes de que los hechos.

Advierte que la iniciativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción" Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial.

Empieza a haber señales de ello después de las últimas advertencias de Bruselas, pero primero deberá debatirse y votarse en el Parlamento -los próximos días 21 y 22 de octubre-, la moción de censura presentada por Vox. La aguja del manómetro que mide la presión ya se halla en franja roja.

La Comisión Europea ha lanzado un evidente aviso a España en forma de luz roja al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización.

El Gobierno ha buscado un atajo rápido para esquinar posibles obstáculos a su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentra en funciones. El Ejecutivo pretende lavarse las manos y por ello ha dispuesto que sean los dos grupos parlamentarios que le sostienen en la Cámara los que, utilizando el instrumento de la proposición de ley apadrinen la iniciativa de reforma del CGPJ con la que Pedro Sánchez quiere neutralIzar el bloqueo del PP.

Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

El juez del 'caso Dina' solicitó al Supremo que investigara al vicepresidente del Gobierno por denuncia falsa o simulación de delito, revelación de secretos "con agravante de género" y delitos de daños informáticos

La Asociación Europea de Jueces criticó este martes que PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley en el Congreso para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda ser renovado por mayoría absoluta de Congreso y Senado en caso de que no se puedan reunir los tres quintos de estas Cámaras.Esta entidad europea de letrados expresó su “gran preocupación” por esta reforma, ya que puede suponer que “España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial”.

El Dr Frey, repasa para la BBC los últimos acontecimientos demográficos, sociológicos y políticos en América del Norte. Cree que la revolución está en marcha y que los blancos, anglosajones y protestantes como grupo dominante en la economia y la política tienen los dias contados. Tampoco tiene buenos augurios para Trump, si hablamos de la presidencia