La consigna de Casado para no aplicar la regulación de los alquileres impedirá que los ciudadanos de Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia puedan disfrutar de beneficios fiscales. 21,8 millones de españoles, el 46,1% de la población total, se quedarán así al margen de las principales medidas de control del alquiler que contempla la ley. No solo de la limitación del precio en las zonas tensionadas, sino también de los beneficios fiscales de hasta el 90% previsto para los arrendadores.

ERC, PNV y Bildu preparan enmiendas a la norma que aprueba hoy el Consejo de Ministros. La declaración de zonas tensionadas para congelar los alquileres y la ‘vacatio legis’ de 18 meses, los principales obstáculos

No esperará a la aprobación de la Ley de Vivienda para rebajar del 85% al 40% las exenciones que pueden apuntarse las Entidades de Alquiler de Vivienda

Yolanda Díaz se dirige a Egea aportando datos sobre vivienda y energía.

La nueva ley de Vivienda tumbará una de las medidas estrella del urbanismo de Barcelona: la obligación de destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones que se construyan en la trama urbana a vivienda social a costa de los promotores. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez explicaron que el borrador de la nueva ley permitirá a los ayuntamientos que lo deseen exigir esta reserva de suelo a los promotores, pero les obligará a compensarles económicamente por la edificación perdida...

Una de las medidas contenidas en la previsible Ley de Vivienda será la de limitar los precios de las rentas de grandes propietarios de pisos en zonas que se declaren tensionadas en el mercado de alquiler. Según los cálculos del Gobierno, unos 150.000 pisos podrían entrar en esta regulación. El anuncio del PP de que sus autonomías no van a poner en marcha las medidas reduciría aún más esa cifra (nota: hay más de 20,9 millones de viviendas en España)

“Sus declaraciones no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad”, asegura la vicepresidenta en referencia a la frase que dijo el líder del PP asegurando que quien tiene trabajo puede acceder a una vivienda. “Parece que vive en un planeta ajeno”. ″¿El señor Casado va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos, pero no gobernará nunca”.

Bluf, según el DRAE, archienemigo público número uno de la lengua, es una «operación propagandística preparada para presentar con ostentación a una persona o cosa que no cumple las expectativas prometidas». Bluf. Tras unas, presumiblemente, duras negociaciones, Unidas Podemos sacó desde su minoría parlamentaria y su pequeña representación en el Consejo de Ministros, según dicen, los higadillos a su todopoderoso socio, el PSOE. Los higadillos: han llegado a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos tras debatir el último escollo, la Ley de

Tres personas del Sindicato de Vivienda AZET han declarado esta semana acusadas de liderar la ocupación de un inmueble en el Casco Viejo

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas. A su entender, "este intervencionismo es suicida" y demuestra que España tiene "el Gobierno más radical de la Unión Europea".

Pocas horas han tardado desde los partidos de derecha en revolverse contra la nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Tanto PP como Cs ya han anunciado que boicotearán la reforma en los territorios que gobiernan. Además, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha avanzado en El Programa de AR (Telecinco), que llevará la ley al Tribunal Constitucional, siguiendo una estrategia recurrente en los populares.

Hubo órdago público y en privado por parte de Unidas Podemos, que estaba dispuesto a llegar hasta el final y ser consecuente con sus convicciones, incluso tumbando el borrador de los Presupuestos Generales del Estado si antes no se pactaba la ley de vivienda en el seno del Gobierno.

Feijóo también se ha sumado al 'no', mientras que Garzón ha advertido a las CCAA de que "lo lógico" es adoptar la limitación de los precios de alquiler. Relacionada: www.meneame.net/story/ley-vivienda-regulara-precios-alquiler-grandes-p

Los socios del PSOE y Unidas Podemos han cerrado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en la mañana de este martes, tras acercar posturas en materia de impuestos y alquileres.

La intención de ambas formaciones es desbloquear este asunto cuanto antes, sobre todo cuando ya se cumplen 9 meses de retraso desde el primer plazo que se dio para aprobar esta norma. De hecho, se han producido negociaciones este mismo lunes en las últimas horas al máximo nivel, a través de reuniones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Unidas Podemos desafía a su socio de Gobierno. La formación morada y otros ocho partidos, entre ellos ERC, Bildu y Más País, han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda al margen del PSOE. La propuesta está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas o el Movimiento Nadie sin hogar y cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, y CGT.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pretende prohibir la inversión extranjera en vivienda durante los próximos dos años. Además, también ha asegurado que quiere aplicar un impuesto a las viviendas pertenecientes a estos inversores internacionales que se encuentren vacías. “Las casas no deberían estar vacías cuando hay tantos canadienses tratando de comprar una”, ha expresado.

En una manifestación que tendrá lugar en la capital alemana el 11 de septiembre de 2021, numerosas organizaciones saldrán a la calle para reivindicar la congelación de los alquileres a nivel nacional durante los próximos seis años así como la construcción de más viviendas asequibles y el traspaso de la propiedad de los propietarios privados a manos del Estado.

La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida.