De un alcalde lo mínimo que se puede pedir es que sepa manejar los dineros de los vecinos. No es el caso del popular Martínez-Almeida, que por lo visto ha tenido que reconocer que el Ayuntamiento de Madrid cerró las cuentas de 2022 con un déficit de 236 millones de euros. Los primeros números rojos del consistorio municipal en 12 años.

Profesionales con carreras laborales consolidadas suelen rehusar implicarse en las instituciones públicas, una situación que se reproduce a todos los niveles. ¿Se le resiste a la política fichar a los perfiles más preparados?

La Cámara de Cuentas desvela que Madrid Network, nacida como entidad público-privada, lleva desde 2018 sin pagar las cuotas de devolución de los 80 M que le abonó siete años antes el Ejecutivo regional. Relativo a las cuentas madrileñas de 2021, el informe cifra las “cuotas impagadas” por la asociación hasta ese ejercicio en 32.252.000 €. Dirigida en su inicio por un imputado por la financiación del PP finalmente exculpado, la asociación prestó dinero a antiguos altos cargos que se negaron a devolverlo, entre ellos el exconsejero Manuel Lamela.

El Gobierno de Madrid ha repartido un millón de euros a medios para publicitar su gestión de las residencias. Cuesta decirlo sin atragantarse: Ayuso ha utilizado un millón de dinero público para vender como buena su trágica gestión de los geriátricos, y una serie de medios se lo han comprado y se supone que nos lo han vendido. Son los problemas que puede acarrear la llamada publicidad institucional, si es falsa no es tal, sino propaganda maliciosa.

En las últimas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid y su gobierno han estado realizando anuncios en actos institucionales o publicando nuevos proyectos con los medios públicos. Es cierto que no se trata de actos del Partido Popular, sino que se está aprovechando la actividad institucional para realizar promesas o anunciar inversiones que no se ejecutarán hasta después de los comicios. Por algo parecido en pasados comicios, la presidenta madrileña ya ha sido condenada por la Junta Electoral.

Un informe del interventor de la Diputación de Granada desvela que la regidora Luisa García Chamorro percibió dicha cantidad en 2020 para "costas procesales", un año después de ser multada por calumniar a un ex alto cargo de Visogsa, la empresa provincial de vivienda. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), no solo cobró dinero público procedente del Consistorio que dirige para pagar una condena por injurias, sino que también percibió fondos de la Diputación de Granada para el mismo fin.