La tumba de Franco les sigue costando dinero a todos los españoles. El Gobierno ha admitido que el mantenimiento del mausoleo donde está enterrado el dictador, en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, supone un gasto de 829,46 euros mensuales por el mantenimiento y la limpieza del panteón, es decir, casi 10.000 euros al año.

El sindicato CCOO de Madrid exige al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que retire de forma inmediata la subvención a los colegios privados concertados que segregan a las niñas y a los niños y cumpla así con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).El martes pasado el TC dictó una sentencia avalando la Ley de Educación 3/2020 , la Lomloe, también conocida como 'ley Celáa', aprobada por el Gobierno de la nación, que no permite que se destinen fondos públicos a centros que segregan al alumnado por sexo.

La Intervención General del Estado (IGAE) ha demostrado claridad en los meses que ha ido presentando los resultados consolidados de las dos administraciones (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas). Aunque ya en diciembre llamó la atención el gran incremento de gasto en muchas de sus partidas.

Mayor en intereses deuda pública, prestaciones por desempleo y pensiones (gastamos más); menor en sanidad y en resto protección social, como ayudas familias, a exclusión social y a vivienda (gastamos menos).

Del 35% en 2008 a más del 120% en 2021. Actualmente es el 113,22% (Dic22).

Mucho ojito con Feijóo, que como le dejéis hacer muchas declaraciones públicas termina haciendo ganar a Sánchez. No sé si es tonto o torpe, pero mejor lo guardáis para ocasiones especiales y con un papel delante, sin improvisaciones.

La banca es un verdadero sumidero de dinero público. El rescate de 2012, del que Luis de Guindos afirmó que lo pagarían en su totalidad las entidades financieras, ya le ha costado al Estado más de 100.000 millones de euros. Las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy aún siguen vigentes y de eso se aprovechan los bancos.

La Comunidad de Madrid volvió a recurrir a esta fórmula en diciembre para el mantenimiento del Zendal, tras evitar durante dos años la puesta en marcha de un concurso público para la adjudicación de dicho servicio. Galicia ha usado en los últimos meses esta vía para contratar asesoramiento jurídico, mientras que en Andalucía fue la fórmula empleada en los contratos con clínicas privadas. La tramitación de emergencia fue también utilizada recientemente por el Ejecutivo central en la compra de prendas de uniforme para la Policía Nacional.

La Comisión Europea dejará atrás el año que viene la cláusula de escape que permite a los países sobrepasar el límite del 60% de deuda pública sobre el PIB y el déficit 3% del PIB, retomando la disciplina fiscal tras un periodo transitorio, ya en 2026. España es uno de los países señalados por sus comprometidas cuentas públicas. Con un nivel endeudamiento que supera el 113% del PIB, también tiene un nivel de déficit considerado "excesivo" por Bruselas. Para cumplir con el objetivo del 3%, España deberá esforzarse para bajar en unos 19.500 m€

Ayuso señala que todo el mundo es igual ante los servicios públicos en Madrid: "La mujer es libre y lleva las riendas de su vida, y aquí no se atiende a nadie mejor o peor en un hospital porque tenga más o menos dinero"

Se realizará en todas las capitales de provincia andaluzas convocadas por la Marea Blanca para exigir a la Junta que retire la orden que permite conciertos con la privada en atención primaria y que también faculta a estas compañías para utilizar las instalaciones de la pública. Una orden de “dudosa legalidad”, según este colectivo, que anuncia que, si antes no se retira, la semana que viene la llevarán a los tribunales.

L’Energètica arranca con un presupuesto de 25 millones y el objetivo este año de aumentar un 50% el autoconsumo de la Administración y de participar en los parques de fotovoltaica ya autorizados

¿Cómo funciona el sistema de ayudas públicas en España? ¿Quién maneja nuestro barco? ¿Por qué muchas ayudan no llegan a quien lo necesita? La semana pasada Infolibre destapó que Enrique Ossorio recibe el bono social térmico, una ayuda estatal para paliar la pobreza energética. Este caso hizo que saltaran otros nombres de la esfera política que obtienen este tipo de ayudas como Mónica García, Alfonso Serrano y fortunas como Entrecanales o Koplowitz. Lo hemos visto claramente con el bono térmico y el eléctrico, pero ocurre también con el ingr...

El importe de las licitaciones con una única oferta creció un 60% en 2022, según el organismo que fiscaliza esta actividad; evidencia falta de competencia y es un riesgo de más costes para el erario público

Hay ayudas públicas que se conceden tanto a hogares que no llegan a fin de mes como a ciudadanos con sueldos de triple dígito y patrimonios abultados. No tienen en cuenta la renta. Es el caso del bono social eléctrico, un descuento en el recibo de la luz para hogares desfavorecidos.

Al abrir las puertas de la Atención Primaria a las aseguradoras, Moreno ha virado inequívocamente a la derecha. Se ha descentrado políticamente. Y lo sabe. Como sabe los riesgos que ello comporta: tan claramente los sabe que está poniendo sus mejores energías en negar el camino de la privatización que acaba de emprender. En realidad, no hay político que privatice la sanidad o la educación que no niegue rotundamente estar haciéndolo: tal negacionismo ejemplifica, una vez más, que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.

La orden que permite a la Junta de Andalucía, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a la sanidad privada fija el precio de la consulta en un máximo de 65 euros, un 48,5% más de lo que paga a los médicos de la pública por cada hora que prolongan voluntariamente su jornada por las tardes. La Consejería de Salud implantó ambas medidas con la misma razón de ser, esto es, articular fórmulas para paliar el déficit estructural de médicos en el SAS, que afronta un ritmo de 600 a 700 jubilaciones al año para la próxima década.