Alianza entre dos de las cuatro mayores asociaciones de jueces para presionar al PSOE y PP, y acabar con la politización del Poder Judicial. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a más de 1.100 jueces, han acordado proponer un nuevo sistema de elección que permita que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, en la línea de los estándares de independencia reclamados y exigidos desde el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones a España.

El PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional, según ha adelantado 'Eldiario.es' y han confirmado fuentes de la formación política a Europa Press.

El anuncio del PP de que presentará en menos de un mes una propuesta al Gobierno para renovar el CGPJ y "despolitizar" la Justicia choca con las reformas que emprendió desde 2001, estando en el poder, para definir un gobierno de los jueces a la carta.

Este domingo vence el mandato de cuatro magistrados del Constitucional con un escenario incierto para su renovación. El CGPJ debe nombrar a dos pero su interinidad lo impide y el Gobierno a otros dos, aunque todo apunta a que no lo hará ante el previsible bloqueo de la mayoría conservadora del tribunal.

El PP ha culpado al Gobierno de PSOE y Podemos de bloquear la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional el próximo 12 de junio, porque es la ley que impulsó el Ejecutivo y que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos estando en funciones la que impide el recambio.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial se retrasa. No habrá nuevos magistrados ni del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional antes del 13 el junio, como pretendía el Gobierno, por un lado por el periodo electoral en el que nos encontramos con los comicios en Andalucía, y por otro por la actitud del Gobierno de no querer pactar nada con el PP

El PP ha enfriado las expectativas: Elías Bendodo, deslizó este jueves que la renovación de un CGPJ caducado desde hace casi tres años y medio no entra dentro de sus prioridades. "En política hay que sabe priorizar y anteponer intereses de españoles a estrategias partidistas. Para el PP, la prioridad es paliar los efectos de crisis económica y energética"

Alberto Núñez Feijóo no aclara si asistirá a la investidura de Mañueco en Castilla y León. Dimitirá como presidente de la Xunta de Galicia y nombrará a su sucesor en las próximas semanas.

La ministra Raquel Sánchez ha realizado una férrea defensa de la ley. Ha afirmado que el anteproyecto "respeta la Constitución" y ha asegurado que las autonomías "tienen competencias exclusivas" en materia de vivienda, pero que "el Estado también las tiene a la hora de garantizar que los ciudadanos accedan a ella y de evitar la especulación que se ha producido".

La nueva ley de vivienda supone una “clara limitación” de las competencias que ejercen las autonomías en esta materia. Esta es la conclusión a la que han llegado los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Antonio Ballesteros (propuesto por el PP) y Enrique Lucas (por el PNV), a los que el pleno encargó redactar un nuevo informe sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda después de que el pleno votara en contra del texto que había preparado el vocal progresista Álvaro Cuesta, que respaldaba el contenido...

El CGPJ ha vuelto a hacer un informe no vinculante en contra de una ley progresista. En su momento el CGPJ tachó de inconstitucional la ley de matrimonio igualitario y la LIVG. El Tribunal Constitucional dio validez a ambas. En el borrador del escrito del CGPJ que establecía que una ley sobre matrimonio igualitario sería inconstitucional, llegaron a comparar que “llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal”. Finalmente suprimieron esa frase y pidiero

La frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial planeó ayer sobre el Congreso durante el acto conmemorativo del 43 aniversario de la aprobación de la Constitución. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición intercambiaron críticas y reproches a propósito del incumplimiento de las obligaciones constitucionales con el gobierno de la judicatura. El acuerdo, que parecía al alcance de la mano antes de fin de año, vuelve a alejarse. Al menos, hasta marzo, apuntaron fuentes cercanas a la ministra de Justicia.

Si alguien esperaba que la decisión del PSOE y UP de aceptar la discutida candidatura de Arnaldo al Tribunal Constitucional movería la voluntad del PP para abandonar los vetos y desbloquear la renovación del CGPJ estaba equivocado. El propio Pablo Casado despejó cualquier duda durante una comparecencia ante la prensa en la isla de La Palma: su partido sigue exigiendo una reforma de la ley vigente para poner fin a la obstrucción. “Sigo manteniendo que hay que despolitizar el poder judicial”. "El problema es Otegi, no los magistrados del TC".

El objetivo último de renovar el CGPJ y controlar el Constitucional no es óbice, en opinión de algunos diputados del PSOE y de Unidas Podemos, para tener que votar "con una pinza en la nariz", como afeaba el socialista Odón Elorza. "Arnaldo no reúne condiciones de ejemplaridad. Votar en contra sería lo coherente", reconocía este miércoles el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, para acto seguido defender que era el precio a pagar, porque "un TC sin renovar es insostenible".

Sin visos de que las negociaciones entre Gobierno y PP se hayan reactivado tras la renovación del TC, pronto serán 57 las plazas vacantes por jubilación, fallecimiento o fin de mandato que no podrán cubrirse en los Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, con especial incidencia en el Supremo y en los recursos de casación.

El PSOE ha pactado con el PP renovar el Tribunal Constitucional y los socialistas se felicitan por ello. Ni siquiera han cumplido los mínimos, pero PP y PSOE se dan palmadas en la espalda al otro y en el pecho a sí mismos mientras Unidas Podemos, que ha apoyado los nombramientos opta por la táctica del avestruz: cabeza gacha, a ver si escampa.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado el reproche del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y ha afirmado que el "único comunicado legítimo" tras casi tres años con mandato caducado debe ser el de su "disolución".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, cree que España "ya ha tenido suficiente con un Gobierno de coalición". García Egea reniega de una posible unión con Vox para llegar a la Moncloa, defendiendo que "el partido mayoritario siempre ha gobernado en solitario" hasta ahora. Sobre la renovación del CGPJ, García Egea ve "posibilidad de acuerdo" con una condición: que se "respeten" las condiciones que el PP "está poniendo encima la mesa".

Esta es la otra parte de la corrupción del Consejo que no se ve, la que convierte en un peligro el entregar ese órgano a un grupo de jueces miembros de una asociación mayoritaria que ya hace y deshace, con pocos escrúpulos, en la situación actual y que convertiría a sus cargos en amos y señores del Poder Judicial español

Las cuatro asociaciones judiciales han rechazado la invitación del PP para participar en la convención nacional del partido, que se celebra la semana que viene con actos en distintas ciudades y que culminará en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Las asociaciones recibieron por separado la invitación del PP para que acudieran a una mesa sobre Justicia prevista el próximo 30 de septiembre en Sevilla, pero las cuatro han declinado la oferta y así se lo han comunicado al PP en un escrito conjunto.

En un informe enviado al Consejo de Europa el PP defendía que la elección por parte del Parlamento garantiza el "pluralismo". Un año después de redactar ese documento pactó con Ciudadanos cambiar ese sistema para que los jueces se eligiesen entre ellos. El Consejo de Europa constata que buena parte de sus recomendaciones sobre regeneración democrática no se han seguido.