El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes. Las notas, muchas con información falsa, se filtraban a la prensa y en una de ellas se reconoce que el banco andorrano que entregó las cuentas de los Pujol lo hizo coaccionado para que no le retirasen la licencia para operar en España.

Ubicadas en Las Rozas, estas viviendas rebasan por mucho el precio máximo establecido para una Vivienda con Protección de Precio Limitado.

La norma, que pretende derogar delitos como el de injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos, ya fue registrada con un texto prácticamente idéntico por Unidas Podemos en la anterior legislatura. La proposición de ley impulsada por el partido de Yolanda Díaz pretende derogar hasta cinco delitos: ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, ofensas a España y sus símbolos, injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Gobierno y a sus instituciones.

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto

En un comunicado publicado en su página web, la asociación señala que dicho aumento es "desmesurado" e incurre en dislates "como situar el precio del metro cuadrado de la vivienda con protección por encima del precio de mercado del metro cuadrado de la vivienda libre". "Esta situación se producirá en municipios como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y gran parte de las localidades de menor población de la Comunidad de Madrid. La revisión de precios entraña, además, que las rentas de alquiler...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concretado que la deducción fiscal para personas que lleven cinco años o más viviendo fuera, que entrará en vigor en el 2024, se aplicará a aquellos que compren una vivienda habitual. "Lo que queremos hacer con estas medidas es frenar el ataque a la inversión que está realizando constantemente el Gobierno en la Comunidad de Madrid", defendió ayer la dirigente madrileña en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año.

Mientras la vivienda siga siendo un bien como cualquier otro en este sistema, es decir, una mercancía, una propiedad en manos privadas, sin planificación estatal con base en las necesidades sociales, su acceso no estará garantizado como derecho. Hace falta una sociedad nueva, radicalmente distinta; no una sociedad donde unos pocos gestionan las migajas que nos dejan desde parlamentos y gobiernos capitalistas, sino una sociedad que se construye a partir de la organización en nuestros centros de trabajo y en nuestros barrios.

PSC, ERC, Junts y En Común Podem han registrado este martes en el Parlament una proposición de ley destinada a que las agresiones sexuales graves contra los niños no prescriban, fruto del trabajo en la comisión de la cámara catalana que investiga la pederastia en la Iglesia. Los cuatro partidos llevan meses de intensas negociaciones y finalmente el texto legal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra menores y castigados con una pena máxima de prisión igual o superior a cinco años.

Hasta ahora el límite se situaba en 700.000 euros sin contar el valor de la vivienda principal Era una de las exigencias de Vox y se produce justo después de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones Las islas dejarán de recaudar anualmente alrededor de 60 millones de euros, según los cálculos del Govern

El Gobierno de Juan Manuel Moreno reactivó en el Parlamento andaluz la polémica ley para regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana cuando ya conocía de primera mano que el parque nacional había sido expulsado de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN suspendió el certificado ambiental del espacio el 30 de junio de 2022 y se lo notificó a la Junta el 3 de agosto. PP y Vox registraron su ley el 3 de marzo de 2023, a las puertas de las elecciones municipales.

Tu Aportas Béjar ha denunciado este martes que en La Covatilla se están ejecutando trabajos, como la revisión del telesilla, sin que haya terminado el proceso de contratación, y por tanto, vulnerando la Ley de Contratos. El expediente que fue iniciado por parte de la concejala Purificación Pozo el día 2 de noviembre aún no ha terminado de tramitarse pese a que ya ha pasado casi mes y medio sin que hasta el día de hoy haya un decreto de adjudicación de los trabajos. No obstante, la revisión del cable ya se ha hecho por parte de una empresa

1. Ley del Estado-nación judío: una de las leyes básicas cuasi constitucionales de Israel. Estipula que el derecho a la autodeterminación en Israel y los territorios palestinos ocupados “es exclusivo del pueblo judío” y fomenta la segregación racial y la discriminación contra los palestinos en materia de vivienda ordenando al Estado que promueva el “desarrollo de los asentamientos judíos como valor nacional”. 2. Ley del retorno: Otorga a los judíos de cualquier parte del mundo el derecho a inmigrar a Israel y territorios palestinos. Trad. en #1

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su partido se desmarcará a partir de ahora del PP de Alberto Núñez Feijoo por la ausencia de colaboración para armar una estrategia conjunta contra Pedro Sánchez y la amnistía, denunciando lo que ellos ven como «ataques y desprecios».

"Uno de los pilares de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos y, por tanto, al de las personas LGTBI que vivimos en la misma. Y es por eso que queremos trasladar el primer recorte de los derechos LGTBI de la democracia española a los máximos garantes de los mismos", ha remarcado Rivero.