El gobierno de Boris Johnson planea introducir tres leyes que harán que resulte más fácil violar los derechos humanos. Estas leyes aumentarían la vigilancia policial y la capacidad de disolver protestas pacíficas, protegerían a las cloacas del estado británico impidiendo que sus delitos sean perseguidos, y debilitaría la capacidad del poder judicial para oponerse a decisiones ministeriales.

La ciudadanía española despertó hace años y presenta anualmente miles de denuncias contra el Estado ante los organismos europeos por corrupción judicial, sobre todo en el ámbito de la sumisión del tercer poder a los intereses de las entidades financieras. Se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que nuestro país sea incluido en esa lista negra de países (Polonia, Hungria) cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá el 7 de junio su informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. [...] Sin embargo, en su borrador, el Poder Judicial opina que “la exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos, reprobables o contrarios a los valores centrales de nuestra convivencia que puedan estimarse, constituyen opiniones o juicios de valor que entrarían en el ámbito de protección de la libertad de expresión, salvo cuando suponga una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”.

En este video comento el aviso y tirón del orejas del tribunal constitucional a Pedro Sánchez por el exceso de decretazos como formula legislativa.

El PP ha rechazado tras las elecciones madrileñas volver a sentarse para negociar con La Moncloa la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces y ese bloqueo aboca a la Justicia a un atasco sin precedentes. Ese rechazo ha sido “deliberado” y “premeditado”, según fuentes de la negociación. El interlocutor del Gobierno, Félix Bolaños, ha contactado varias veces tras el 4-M con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sin éxito. El PP exige ahora unas condiciones que el gobierno no puede cumplir porque no son legales.

Con apenas 20 años aquel jovencito aparecía en las fotos sentado a la derecha de Ana Botella, a la derecha de Esperanza Aguirre e incluso a la izquierda de Aznar, porque a la derecha de Aznar no se sienta ni Dios Padre. Al saltar el escándalo, en el PP dijeron que no lo conocían de nada. Hacerse el loco delante de un juez suele salir igual de bien que hacerse el tonto. En el PP lo llevaban de mascota, como iba a ser un gran personaje...

... y "despolitizarlo". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este miércoles que ha propuesto tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Casado “la creación de una mesa de los tres grandes partidos” -PSOE, PP y Ciudadanos- en la que se alcance “un acuerdo de Estado transversal” para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la "despolitización" de este órgano.

Las dos fuerzas que integran el Gobierno -el PSOE y Unidas Podemos- y sus socios de investidura han consumado el primer paso en el camino para intervenir el Poder Judicial. La proposición de ley que restringe las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de la justicia -se encuentra en funciones-, se ha aprobado este jueves en el Congreso por 196 votos a favor frente a 140 en contra, y sólo resta ya el trámite del Senado. Tras esta luz verde se ciega la vía a un pacto con el PP para renovar el Consejo General.

El grupo catalán Planeta (el de Atresmedia) tiene varios periodistas en nómina. Los hay que hacen el ridículo, como Paco Marhuenda, o que tienen un sesgo facha, como Vicente Vallés. Algún otro juega a parecer ecuánime pero se le ve el plumero. Es Carlos Alsina, que hace el matinal de la radio de Planeta, Onda Cero. Quiere ser como Carlos Herrera un punto menos casposo. Este jueves se ha pasado de listo contra un diputado vasco, Jon Iñarritu, que defiende a los artistas que, como Pablo Hasel, sufren una justicia española ultra.

El presidente, Pedro Sánchez, ha llamado al líder del PP, Pablo Casado, para retomar esas conversaciones. El tono parece haber cambiado. El bloqueo de momento sigue, y el PP insiste en su exigencia de que Unidas Podemos no esté de ninguna manera en la negociación ni pueda proponer vocales del Poder Judicial, pero los mensajes que llegan tanto del Ejecutivo como de los populares muestran que algo podría moverse.

La investigación por estafa al que fuera líder del partido en Andalucía, el chat racista de los dirigentes de la formación en Ceuta, el intento de asalto a un centro de menores migrantes no acompañados en Barcelona y presuntos abusos sexuales a menores son algunas de las causas judiciales en curso a integrantes de la formación ultraderechista, que ha tenido entre sus filas a condenados por violencia machista, abusos sexuales a discapacitados, delitos económicos, agresiones y vandalismo contra símbolos de la Memoria Histórica.

El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, quiere tumbar a través del Constitucional leyes que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios.

PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta

NEl PP se enroca con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo a sabiendas de que su actitud no tiene en principio castigo alguno. No hay ningún poder democrático que pueda continuar haciendo las mismas cosas cuando queda en funciones por fin de su mandato.

El PP "descarta absolutamente" que haya un acuerdo para la renovación del CGPJ antes de fin de año Génova asume públicamente que hay "desgraciadamente" legislatura para largo

El Washington Times ha informado de que Judicial Watch ha encontrado a 1,8 millones de “votantes fantasma” en 29 estados y ha advertido sobre estas “sucias” elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que todavía no se conoce al ganador. Esta entidad, que investiga supuestas faltas en la conducta de funcionarios gubernamentales, ha publicado un estudio comparativo entre las estadísticas de población de la Oficina del Censo y los datos de registro de votantes estatales, y ha revelado una disparidad notable.

La negociación abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder judicial debe incluir (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

El CGPJ sigue designando cargos en la cúpula judicial sin atender al resultado de las negociaciones para su renovación. Los nombramientos salen adelante con amplia mayoría con el respaldo de todos los vocales conservadores y parte de los progresistas

Las asociaciones público-privadas se han presentado como métodos de adquisición eficientes con el objetivo de lograr una mejor relación calidad-precio de los servicios para los contribuyentes. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones como la de Alessandra Cepparulo, la complejidad de este mecanismo, su falta de transparencia y las responsabilidades implícitas de las empresas hacen que a menudo sea imposible percibir la cantidad de gasto público involucrado y el impacto positivo a largo plazo sobre los contribuyentes.

Advierte que la iniciativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción" Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial.

Empieza a haber señales de ello después de las últimas advertencias de Bruselas, pero primero deberá debatirse y votarse en el Parlamento -los próximos días 21 y 22 de octubre-, la moción de censura presentada por Vox. La aguja del manómetro que mide la presión ya se halla en franja roja.

La Comisión Europea ha lanzado un evidente aviso a España en forma de luz roja al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización.

El Gobierno ha buscado un atajo rápido para esquinar posibles obstáculos a su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentra en funciones. El Ejecutivo pretende lavarse las manos y por ello ha dispuesto que sean los dos grupos parlamentarios que le sostienen en la Cámara los que, utilizando el instrumento de la proposición de ley apadrinen la iniciativa de reforma del CGPJ con la que Pedro Sánchez quiere neutralIzar el bloqueo del PP.