Sus leyes como presidente de la Xunta dieron promoción legal a la entidad antiabortista "Red madre", que en los últimos cuatro años recibió 300.000 € de dinero público.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior".La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

El PP acusa al Ejecutivo de intentar «desviar la atención» por los errores de la ley del 'sí es sí' y asegura que «las libertades de las mujeres están garantizadas.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León reitera que se ofrecerá escuchar el latido fetal a mujeres que tengan claro que quieren abortar

Ante el requerimiento y comunicado efectuado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León manifiesta lo siguiente: Cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado también que la región pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada "a favor de la vida, no en contra de nadie". Isabel Díaz Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada “a favor de la vida, no en contra de nadie”. Son palabras de la presidenta Ayuso en unas jornadas que ha celebrado el PP de Madrid en Las Rozas con el título 'La persona en el centro' y que pronuncia solo un día después de la polémica decisión d

Núñez Feijóo guarda silencio pero Ayuso y Almeida aprovechan la polémica para asumir las tesis "provida" de la extrema derecha.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, recula y reconoce que en materia de aborto solo hay "pequeñas matizaciones" con respecto a las medidas anunciadas por el vicepresidente de la comunidad Juan García-Gallardo, de impulsar el 'latido fetal' para las mujeres embarazadas que quieran abortar. El PP de Génova juega al despiste y el de Castilla y León obliga a través del consejero de Sanidad a apoyar la propuesta de los de Vox

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional marca como primer objetivo la resolución del recurso presentado por el PP en 2010 contra la reforma de la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero para "prestigiar al tribunal". Se abre una etapa de "obtener propuestas razonadas en un tiempo razonable"

"Este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país", ha declarado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.La ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a través de su cuenta de Twitter: "Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP", escribió, contundente.

"No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad”, ha advertido el procurado de Ciudadanos. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas —que la ultraderecha denomina “provida”—, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica.

El candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, dijo en el debate de este miércoles por la noche con el resto de los postulantes a diputados por la Ciudad de Buenos Aires que "la única forma en que avala el derecho al aborto es con riesgo de vida de la madre, porque hay un conflicto de propiedad". Esa frase despertó algunos interrogantes y luego, en el programa de Luis Novaresio, el economista se volvió a referir al tema.

Justyna Wydrzyńska, activista defensora de los derechos de la mujer, se enfrenta a hasta tres años de cárcel tras ser acusada de proporcionar píldoras abortivas a una mujer que las quería: es el primer caso de este tipo en Europa. Pero el aborto nunca tuvo lugar: las pastillas fueron interceptadas por el marido de la mujer, que llamó a la policía.

Y es que la estrategia durante los últimos cuatro años de PP y Vox de acudir al TC tras cada aprobación de las principales leyes del Gobierno de coalición ha amontonado un sinfín de carpetas con recursos por resolver.