Las autoridades neerlandesas han negado la entrada en el país a la 'número dos' de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, porque pesan sobre ella sanciones impuestas por la Unión Europea que incluyen la prohibición de entrar en el territorio. Rodríguez quería entrevistarse con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que lleva a cabo una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Internacional se encuentra en La Haya.

La portavoz de Adelante Andalucía, que dijo en una entrevista en 2017 que tenía "fecha de caducidad dentro de cinco años", argumenta ahora que "las circunstancias han sido un poco excepcionales" y que pretende compatibilizar ser profesora y diputada.

La única forma de discriminación que creo haber sufrido y una de las que, paradójicamente, he ejercido es el clasismo. Casi nadie estamos a salvo de ella porque casi todos tenemos a alguien por debajo sobre el que ejercer opresión, discriminación y desprecio.

El exdiputado de Unidas Podemos critica en un escrito la credibilidad otorgada al policía pateado o las consecuencias de su condena de 45 días de multa e interpone un incidente de nulidad como paso previo a acudir al Constitucional.

La confrontación ya pública y con envite directo al “compañero” secretario General Teodoro García Egea no es casual, ni se va a quedar en eso, como se puede suponer. A parte de los buenos resultados conseguidos por la presidenta Ayuso, detrás de ella está la figura, no triste, por cierto, de Miguel Angel Rodriguez, profesional que conoce su oficio bregado en mil batallas, y algunos afirman que la prudencia no es precisamente su mejor virtud. Nadie se olvida del trabajo que le prestó a José María Aznar para llegar a la presidencia del gobierno.

La fiscal Isabel Rodríguez, expresa que lo que consta en la sentencia significa única y exclusivamente que durante el tiempo de un mes y quince días que se fije (…) el señor Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos», remarca. El catedrático de derecho Pérez Royo manifestó que lo que se hizo con Alberto Rodríguez es una «salvajada jurídica, una monstruosidad», porque el Tribunal Supremo no condenó al diputado a la inhabilitación.

"No soy nada peligrosa, como ya sabe todo el mundo. Soy una mujer con convicciones y sé muy bien lo que hago en el Gobierno de España. Lo que tengo muy claro es que estoy aquí para defender y mejorar la vida de la gente. Disfruto muchísimo, es mi profesión. Es una maravilla poder hacer lo que estoy haciendo, pero peligrosa no soy en absoluto"

(...) ¿No genera cierta inquietud que la declaración de la víctima sirva, en situaciones como esta, como única prueba de cargo? ¿No nos hace removernos incómodos en la silla que se ponga fin así a la carrera de un representante de los ciudadanos? ¿Puede servir la inhabilitación, ocho años más tarde y en un caso resuelto con una multa, al propósito de reeducación y reinserción social que persigue nuestra Constitución? ¿Acaso no denota reinserción que un joven antisistema haya acabado integrado en las instituciones?

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha sido despojado de su escaño en el Congreso tras una condena por agresión injustificada. Su destitución muestra cómo un Tribunal Supremo repleto de jueces de derechas está socavando las normas democráticas básicas de España.

Podemos mantiene su pugna con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la decisión de retirar el acta a su diputado Alberto Rodríguez. A la amenaza de presentarle una querella por "prevaricación", frenada tanto por el propio perjudicado como por otros dirigentes del espacio de Unidas Podemos, le siguieron esta semana las peticiones de dimisión desde el partido. Un conflicto que los morados evitan extender al PSOE dado que, según sostienen fuentes parlamentarias, se había llegado a un acuerdo previo con los socialistas.

Canary in the coal mine, por Alberto Rodríguez, ex diputado de Podemos en el Congreso.

Fátima González, número dos de la lista por Santa Cruz de Tenerife, ha rechazado el escaño a través de un comunicado en el que ha cargado con dureza frente a lo que considera un "ataque a la democracia y al voto de 64.000 canarias y canarios".

En el programa Hora 25 de la Cadena SER, Pablo Iglesias ha dado su opinión y ha sido muy contundente cargando contra el Supremo y contra Batet. "Se ha violado la separación de poderes y se ha violado el derecho de 600.000 canarios que votaron por Alberto Rodríguez", asegura.

"La inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena".

"Lo que ha ocurrido con Alberto Rodríguez abre una crisis institucional en toda regla, donde la derechización del poder judicial ha vuelto a ganar por incomparecencia, sobre todo, del PSOE. Pero no solo".

Las sentencias emitidas por el TS que acabarán en el TEDH están ganando intensidad, categoría y frecuencia. Lo que indica que el TS, ese sitio al que se accede por un CGPJ bloqueado por PP, no teme su politización ni el enfrentamiento con Europa

Podemos solicita la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la retirada del escaño de Alberto Rodríguez. Los coportavoces de la formación de Ione Belarra, Isabel Serra y Pablo Fernández, han pedido de forma reiterada que “la señora Batet tiene que presentar su dimisión”. Serra ha reivindicado que la actuación de la máxima dirigentes de la Cámara Baja ha sido “gravísima” y una “vergüenza”, “Se actúa por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley” y que la marcha la marcha de Batet es “la salida más digna”.

“Si como parece desprenderse de su comunicación y como se han hecho eco los medios, usted ha decidido privarme de mi escaño como diputado, ¿cuándo y mediante qué resolución se adoptó tal medida?”.“¿Por qué motivo indica en esa comunicación que procedería a mi sustitución como diputado sin procedimiento previo alguno para privarme de mi escaño?”. “Con qué base legal ha decidido transformar una pena accesoria de inhabilitación en una pena de privación del escaño”.

Ha anunciado que ha contratado a los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.