La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión cautelar solicitada por el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para frenar la comisión rogatoria remitida por las autoridades andorranas para determinar si su Ejecutivo dio órdenes ilegales para investigar a dirigentes catalanes por sus vínculos con el independentismo, lo que se llamó la 'Operación Catalunya'. Rajoy, uno de los investigados, ha intentado paralizar la comisión rogatoria reclamada por la justicia andorrana.

El ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha visto que la querella andorrana contra él y contra sus ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz no es ninguna broma. Ahora prueba desesperadamente de detener la investigación por la que la edil Stéphanie García García les ha encausado por indicios de haber cometido delitos muy graves que atentan contra la soberanía andorrana: coacciones, amenazas, extorsión y chantaje a autoridades andorranas, Rajentre ellas, el ex jefe de gobierno Antoni Martí y los responsables de la BPA

A Rajoy le han preguntado por la actual crisis energética y el expresidente se ha despachado con una afirmación que a algunos les ha llamado la atención: "España tiene que tener independencia energética". Rajoy también ha propuesto que "transitoriamente, gas y nuclear tuvieran un tratamiento similar a renovables", que no se anuncien cierres de centrales nucleares –"es un disparate"– y que tampoco se cierren centrales térmicas.

Crónica Libre accede a documentos del Ministerio de Industria, que destapan como el Partido Popular, tras llegar al gobierno en 2011, convirtió la cartera de José Manuel Soria en herramienta política de confrontación y persecución al resto de partidos, incluso utilizó los medios públicos para, sistemáticamente, beneficiarse en las campañas electorales autonómicas y nacionales. No fue para lo único en la que utilizaron a trabajadores del Ministerio para trabajos del partido. También se les hizo confrontar los programas electorales de PSOE y C´s

La conversación con el director de la Oficina Antifraude en su despacho del Ministerio, conocida en 2016, y la grabada por el comisario Villarejo, desvelada el pasado miércoles, tienen en común con la imputación de Mariano Rajoy en Andorra el desinterés que suscitan en la mayoría de la clase política y los medios de comunicación, pese a las evidencias de la última guerra sucia del Estado que suponen.