El Gobierno de Castilla y León formado por PP y Vox en la actual legislatura es el más caro de su historia, a pesar de la meta que anunciaron los de Abascal al llegar al Ejecutivo de recortar el gasto político en esta coalición y colocarse públicamente el cartel de 'austeros'. El dinero público destinado a las retribuciones de sus altos cargos, de hecho, supera por primera vez los 7 millones de euros -concretamente 7.029.870,19 euros-.

Diputados y senadores mantienen intactas sus ventajas fiscales. Alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos también tienen trato preferente. Bajo el concepto de indemnizaciones por razón de servicio (presuntas dietas sin límite ni justificación documental alguna) se exime a los diputados y senadores de tributar que por el 39,1% de su salario público real. Los parlamentarios nacionales sólo tributan por la mitad de los impuestos que deberían satisfacer si no hubieran legislado a su favor y algo similar pasa con la fiscalidad de los demás..

La derecha usa el "bajar impuestos" como solución milagrosa a problemas complejos y diversos: excusa para desmontar el estado del bienestar y los mecanismos disponibles para redistribuir la riqueza. Bajar impuestos implica menos recursos para el Estado, que lo gasta en aquello que no entra en la lógica del mercado (salud, educación, pensiones). Hay que subir los impuestos a los ricos y grandes fortunas, y los salarios al resto de la gente trabajadora. Ese es el único marco disponible para cohesionar nuestras sociedades, hacerlas más justas...

Si se utiliza la misma terminología conceptual que la que él emplea, el Gobierno que preside en Galicia Alberto Núñez Feijóo lleva años forrándose literalmente con los tributos de titularidad autonómica que gravan la actividad social y económica de los gallegos y las gallegas. Sólo en los diez primeros meses del 2021, la recaudación fiscal en Galicia ascendió a 6.793,5 millones de euros, un 14,6% más que en el 2020. El equivalente a más de 2.500 euros por habitante.

El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz ha pactado con los sindicatos mayoritarios subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 1.000 euros en 2022. Una subida que supondrá un aumento de 35 euros respecto a los 965 fijados para el pasado año. Una propuesta que la CEOE y Cepyme habían rechazado asegurando que es "inasumible", como han recogido los medios en las últimas horas.

La diputada polaca Magda Biejat ha intervenido este viernes en español en el Parlamento polaco para dirigirse al grupo CAF y apoyar las demandas de los trabajadores de su filial polaca, Solaris. Al inicio de su alocución en castellano, que ha durado varios minutos, Biegat ha afirmado que ya que Solaris pertenece a CAF "me dirijo a vosotros, compañeros y compañeras españoles, para pediros apoyo y solidaridad". La diputada de la agrupación izquierdista Razem (Unidos) ha hecho referencia a continuación a las peticiones de aumento salarial de los

La Mesa del Parlamento catalán ha acordado por unanimidad, a propuesta de la presidenta, Laura Borràs, suprimir el artículo 79 de los Estatutos del régimen y del Gobierno interior del Parlament (ERGI), que regula las llamadas «licencias por edad» del personal funcionario de la Cámara, con el fin de acabar con los sueldos dorados de los 21 empleados y que representaba un desembolso de 1,7 millones de euros anuales para la institución.

Twitter puede ser un arma de doble filo. Las redes sociales son un altavoz perfecto para difundir tu mensaje, pero también te sacan los colores al mínimo desliz, o te llueven zascas uno detrás de otro cuando metes la pata. Eso es lo que ha ocurrido a Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos.

Las redes dejan en ridículo a la diputada del Partido Popular, que cuenta con un sueldo público de más de 85.000 euros al año