La intervención del líder del PP en la sesión de investidura ha mostrado profundas carencias en torno a políticas sociales, menciones escasas a sectores clave como la sanidad pública e incluso posturas cercanas al negacionismo climático. Sobre las okupaciones en España ha dicho que se llevan a cabo “46 okupaciones diarias”... No ha mencionado que también se ejecutan 100 desahucios por jornada. Entre 2021-22 las okupaciones se redujeron un 20%. El cambio climático apenas ha ocupado apenas 2 párrafos. Y la sanidad pública tampoco es prioritaria.

Un Gobierno soberano podría crear una oferta pública de vivienda a bajo precio, bien construyéndola o reformando la existente e inutilizada, dando de paso trabajo a cientos de miles de personas. Un Gobierno soberano podría dedicar enormes partidas de presupuesto a la Sanidad Pública, a la Educación libre y laica, pero no lo hace porque supondría el fin del negocio más seguro, aquel que ofrece servicios que todo el mundo va a necesitar antes o después, si no quiere ver a sus hijos sin estudios o morirse sin atención sanitaria.

Acompañadme en esta historia sobre el Hospital Los Madroños. Un hospital público cediendo datos de pacientes a un centro privado propiedad de un exconcejal del Partido Popular. Que el centro perteneciera a un exconcejal del PP no iba a evitar que recibiera contratos de la Comunidad de Madrid gobernada por su propio partido, claro. Es un centro que, además, ha sido utilizado para pagar favores del Partido Popular. Aquí un ejemplo donde se ofrecía un contrato para una hija de una concejala a cambio de un voto a favor del alcalde.. del PP, claro.

"Este verano si te ponías enfermo e ibas a urgencias, lo mejor era llevarte una mochila con víveres y mucha paciencia, porque sabías cuando entrabas, pero no cuando salías. Así un paciente denunció que había estado en las urgencias del Hospital Regional de Málaga hasta 27 horas y tuvo que llamar a la policía para que lo atendieran. ¿Esto ocurre en algún otro lugar de España o del mundo?. Otro paciente lo superó y estuvo hasta 33 horas esperando en las Urgencias del mismo Hospital."

El 52% de las unidades de Psicología Clínica y Psiquiatría que hay en España se encuentran en este sector

En Valencia se ha recuperado al artífice de las privatizaciones de Zaplana, en Extremadura se ha incorporado al Ejecutivo a directivos del sector privado y en Aragón planean impulsar la colaboración público-privada. La conformación de los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón han supuesto que PP y Vox den sus primeros pasos que comienzan a dar pistas del camino que llevará la gestión de la sanidad pública. Nombramientos, acciones, acuerdos y declaraciones apuntan en una misma dirección: apertura a la gestión privada.

El Partido Popular de Valladolid se ha llevado en las últimas horas uno de los mayores cortes de la semana en Twitter, que ha provocado una sonora carcajada de muchos en esta red social ahora llamada X. Los populares compartieron una fotografía de varios alcaldes del PP manifestándose por mantener las especialidades del hospital de Medina del Campo pero la corrección de Twitter es todo un corte para los populares: "Las competencias de sanidad están atribuidas a la Comunidad de Castilla y León, gobernada por el mismo partido que protesta".

El ejecutivo de coalición con el Partido Finlandés, de extrema derecha, pretende crear un "entorno hostil" para inmigrantes, recortando a los no regularizados el acceso a sanidad, servicios y prestaciones sociales (también estarían incluidos ciudadanos de la UE que no tengan seguro y todavía no hayan sido aceptados en al sistema público finlandés, proceso que a veces puede llevar años, personas peticionarias de asilo aún no concedido, embarazadas, niños, etc.), y estudiar la posibilidad de deportarlos a un tercer país si no pueden ir al suyo.

El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio ha dejado muchas cosas en el aire, cosas que quedan en manos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que no solo define la posibilidad de formar gobierno sino que varias leyes estrella de la legislatura decayeron con el adelanto electoral.. Una de ellas es la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, texto legal conocido como ‘ley Darias’, un proyecto que ya había generado controversias en la vieja coalición con Podemos, que no sentía el proyecto de ley logra

El PSPV-PSOE denuncia que el PP y el grupo ultra ya trabajan para volver a las concesiones sanitarias del pasado

El candidato de la coalición de extrema derecha PP-Vox-PAR, Jorge Azcón, ha realizado su discurso de investidura nervioso, frío, distante y triste. Ha desgranado las líneas generales de su acción de gobierno basadas en el neoliberalismo más clásico y ya fracasado: bajada de impuestos, es decir, menos estado redistribuidor de riqueza y servicios públicos, y colaboración público-privada, esto es, trasvase de dinero público a empresas privadas.

El pacto de 80 puntos entre el partido de Feijóo y la extrema derecha insiste en impulsar una sanidad público-privada, luchar contra la ocupación, cambiar la ley trans y eliminar políticas lingüísticas. Derogación de la ley de la memoria histórica, posibilidad de aplicar el veto parental, impulsar una sanidad público-privada, rebaja de impuestos en Sucesiones y Patrimonio, supresión de las políticas lingüísticas, modificar la ley trans autonómica y “sacar la ideología de las aulas”. Son algunos de los 80 puntos del pacto de coalición de Gobiern

Decir que la Seguridad Social está quebrada es ni economía ni información. Es fast food ideológico sin más. La SS es un seguro colectivo inventado por los conservadores en la Alemania de Bismark...

Luisa Sánchez Méndez, concejala del PP en Vigo, es la nueva directora de Recursos Humanos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la división del Sergas que gestiona los centros de salud y hospitales en el norte de la provincia.Luisa Sánchez no es trabajadora del Sergas pero conoce el ámbito sanitario, ya que durante 27 años fue directora financiera de Povisa, el hospital privado más grande de Galicia.

Penaliza a la empresa con 250.000 euros por falta calidad de los servicios