La Justicia confirma el archivo del "caso del yate" y condena en costas a la asociación de juristas que se querelló contra Óscar Puente, Pro Lege, a la que se acusa de mala fe procesal.

El famoso polideportivo de Pozuelo Valle de las Cañas Ciudad Deportiva es un negocio que factura cada año una media de 2,5 millones de euros, a excepción del año de la pandemia. De todo ese dinero que se lleva la empresa Gran Slam 5 S.L., propiedad del extenista José López-Maeso y gestionada por sus hijos y nietos del empresario investigado en el caso Lezo Joaquín Molpeceres, prácticamente la mitad se destina a pagar los salarios de los trabajadores y directivos.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se gastó allá por 2008 más de 23 millones de euros en construir un polideportivo llamado Valle de las Cañas. Muchos se escandalizaron al ver que, nada más finalizar la obra, se adjudicó la gestión de las instalaciones a una empresa llamada Grand Slam 5 S.L. que se había creado justo en ese momento y que era propiedad del extenista José López-Maeso. La adjudicación fue un escándalo porque López-Maeso paga todavía como alquiler de ese polideportivo 1.000 euros al mes.

El Supremo ha confirmado la existencia de una conspiración para tumbar a quien era diputada de Podemos manipulando una causa judicial. La persecución, a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen la conspiración.

La magistrada obvia la petición realizada por el denuciante y cuñado de la presidenta de Madrid para que se le aparte del caso "por falta de imparcialidad" y da carpetazo a la denuncia: concluye que Fernando Ramírez de Haro no cometió ningún delito en la venta del cuadro por cinco millones denunciada por su hermano, quien anticipa una larga batalla en los tribunales.

Los 'populares' valencianos cruzan los dedos para que la jueza no entregue a las partes el auto de procesamiento antes del cónclave del 2 y 3 de octubre

(...)El sumario también se refiere al presunto pago de comisiones ilegales. La pista proviene de otro pinchazo telefónico, en el que el colaborador de Moreno habla con un empleado de oficina. Este trabajador le dice que cuánto tendría que darle al "tío ese de la empresa municipal de la vivienda", que, según él, sería el primo carnal de Almeida. Añade que Almeida le ha dicho que no puede llamar a nadie para eso, pero que le ha pasado el contacto de algunos abogados de la Agencia Municipal de la Vivienda, que tienen orden, dice, de hacerle caso.