Desde que está en la política municipal y nacional, Ángeles Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades y empresas. A precio de mercado, el patrimonio que declara en la actualidad la alcaldesa de Marbella supera los 12 millones de euros, pese a que la también senadora dejó de ejercer como médica de cabecera en 1994 para dedicarse en exclusiva a la política.

El Ejecutivo garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que estas medidas provocará en las cuentas del sistema gasista español. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que "esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado" desde ahora y hasta final de 2023.

(...) La ciudad de los 15 minutos es una teoría formulada por el profesor francés de origen colombiano Carlos Moreno hace ya unos cuantos años, una evolución del urbanismo a escala humana que iniciaron los escritos de Jane Jacobs y que se convirtió en la propuesta de Anne Hidalgo para París en las elecciones de 2020. Claro que ella lo formulaba entonces desde el gobierno, no desde la oposición, que es donde están ahora Rita Maestre y su grupo.

Brasil está entre las diez mayores economías del mundo, pero ese dato esconde que millones de personas pasan hambre y que y viven en condiciones de extrema pobreza. Se ha pasado de 19 millones en 2020 hasta 33,1 millones actualmente. Vendría a ser el 15,5% de los habitantes del país. Estos datos significan nueve puntos más que en 2018, cuando Jair Bolsonaro accedió al poder.

La sanidad pública supone el ocho por ciento del PIB y el quince por ciento del gasto público total. Hace casi tres décadas que se financia mediante los impuestos y dos décadas desde que se gestiona por parte de las CCAA.

Yolanda Díaz, al PP: “¿Se acuerda cuando Rajoy soñaba con un país con 20 millones de ocupados?”

La Xunta destinó este año bajo mandato del presidente popular cincuenta veces más fondos públicos para los medios en español que para los escritos íntegramente en gallego y críticos con su acción de gobierno.

La Comunidad de Madrid mantiene un amplio catálogo de beneficios tributarios para las grandes fortunas.

Sólo desde 1996, año hasta el que se puede seguir la pista presupuestaria, el Estado se ha gastado más de 23.000 millones en pagar estas nóminas. Es otra parte de la letra pequeña de los PGE que ningún Gobierno se ha atrevido a revisar.

Las compras autorizadas por Javier Ramírez para protocolo y representación ya superaron en 2021 las de cualquier otro concejal de distrito; el alcalde Almeida es la única persona dentro del Ayuntamiento que gastó más que el edil de Chamberí y Fuencarral.

Grupos políticos y organizaciones sin ánimo de lucro alineados con el Partido Demócrata han gastado casi 44 millones de dólares en campañas publicitarias en las primarias republicanas de cinco estados para impulsar el perfil de los candidatos de extrema derecha en California, Colorado, Pensilvania, Illinois y Maryland. La estrategia de los demócratas se basa en la creencia de que estos candidatos -muchos de los cuales difunden afirmaciones infundadas de que la carrera presidencial de 2020 fue robada al ex presidente Donald Trump- serán más fác

La propuesta de Bruselas no ha sentado demasiado bien en los despachos de la Moncloa. De hecho, el Gobierno español manifestó este miércoles su rechazo al plan de la Comisión y empleó un tono inusualmente duro para criticar una medida que considera injusta: «Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa», aseguró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El coste total de la cumbre de la OTAN en Madrid rondará los 50 millones de euros. A los 36 millones del contrato del Ministerio de Exteriores para la construcción del espacio para las reuniones en IFEMA y la organización de los actos, se suman los más de diez millones que costará el dispositivo de seguridad y los gastos de otros ministerios.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha cifrado en 50 millones de euros el coste que tendrá para la Comunidad de Madrid el programa de ayudas a las familias para la adquisición de los libros de texto, lo que supondría 30 millones más, debido a que será necesario renovar todo el material en su conjunto por la entrada en vigor de la Lomloe.

Dice el refranero español que a la tercera va la vencida, pero también afirma que no hay dos sin tres. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso parece haberse encomendado a la primera fórmula para relanzar, de nuevo, el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, porque la segunda lo aboca irremediablemente al fracaso. Lo puso en marcha Esperanza Aguirre en 2004. Lo intentó reflotar en 2015 Ignacio González.

Tanto Viktor Orbán como Mateusz Morawiecki ejercen el veto sobre asuntos fundamentales para presionar y conseguir así que Bruselas apruebe sus fondos europeos, bloqueados por sus derivas autoritarias y homófobas. Todos los países menos uno hablan del embargo al petróleo ruso desde hace un mes. Todos los países quieren imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales. Pero sin Orbán no se aprueban las sanciones a Rusia, porque requieren unanimidad. Y sin Morawiecki no se aprueba el impuesto mínimo del 15%, por el mismo motivo.

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha defendido este miércoles la inversión del Govern para garantizar que en las residencias catalanas hubiera camas libres para aislar a ancianos con Covid-19 en plena pandemia, cuando todavía no había vacunas contra el coronavirus.

El Govern despilfarró 7,8 millones de euros de dinero público en pagos a 34 residencias privadas. CatalunyaPress se ha puesto en contacto con las conselleries de Salut y Affers Socials para solicitar información sobre los contratos y, por el momento, no hemos obtenido respuesta. A quién sí ha respondido de momento el Ejecutivo catalán es a EFE, asegurando que no van a aportar ningún dato sobre estos contratos que no sea solicitado a través del portal de transparencia. Es decir, hay cierta resistencia a hacer pública la información