Yadira Maestre, la telepredicadora favorita del PP, logró cerrar un acuerdo con la administración pública durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El 10 de julio de 2015, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, firmó un convenio con una asociación creada por Maestre y su marido, el también pastor Florentino Barceló, que le permitió acceder al ámbito de reinserción de personas presas.

Según estos nuevos documentos, a los que ha tenido acceso El Món, Villarejo tenía una especie de pegasus para poder grabar e interceptar conversaciones y comunicaciones. Un hecho que explicaría la cantidad de grabaciones y documentos sobre la Operación Catalunya . Un aparato que codiciaba al CNI y que habría sido financiado por Rajoy y por el exministro de Defensa, Federico Trillo. De hecho, el gran adversario de Villarejo, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, intentó arrebatarle “la máquina”.

El Gobierno da por muerta la reforma de la ley mordaza. Tras 5 años de mayoría parlamentaria de izquierdas y salvo sorpresa, la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ejecutivo de Rajoy frente a una enorme contestación social, sobrevivirá intacta a la legislatura de Pedro Sánchez. Su derogación llegó a plasmarse como uno de los compromisos del gobierno de coalición progresista incapaz de pactar con los aliados parlamentarios la reforma. De fondo,protestas de la Policía y Guardia Civil, factor determinante en opinión de los socios del PSOE

Los fiscales aseguran que el clan policial trató de borrar las supuestas grabaciones que Bárcenas aseguraba haber realizado de conversaciones que mantuvo con el expresidente del Gobierno.

Con los cuatro líderes del partido al frente, la derecha ha retrasado o impedido la renovación de órganos imprescindibles para el funcionamiento institucional del país siempre que la correlación de fuerzas le era desfavorable. España sufre uno de sus peores conflictos institucionales: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP y la derecha judicial desde hace cuatro años. Una profunda crisis que ha provocado una situación inédita desde la restauración de la democracia: el Tribunal Constitucional ordenó hace dos semanas a

La guerra sucia contra Podemos no tuvo una única batalla, sino que fue una sucesión de escaramuzas contra el partido y sus dirigentes que se prolongó a lo largo de meses. Hasta ocho testigos sitúan detrás de esas maniobras a la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Sus relatos encajan como las piezas de un puzle y reflejan una dinámica generalizada.