Un juzgado de Madrid ha reabierto una denuncia de varias familias de ancianos fallecidos en una residencia durante los peores días de la pandemia. Este caso apunta a lo más alto: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Enrique López, consejero de Justicia e Interior en 2020; y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad entonces.

En marzo de 2020 no existían cifras oficiales sobre cuántos ancianos morían en las residencias víctimas del coronavirus, pero las comunidades autónomas tenían claro que eran uno de los puntos negros del mapa de la enfermedad. Fueron los días en los que los militares entraron en los geriátricos para encontrar ancianos conviviendo con cadáveres, y también los días en los que la Comunidad de Madrid distribuyó unos protocolos que impidieron la hospitalización de miles de personas mayores que acabaron muriendo en las residencias sin acceso a un resp

Por primera vez un juzgado de instrucción ordena la investigación de Ayuso por los “protocolos de la vergüenza”, que condicionaron el traslado de residentes enfermos en función de sus características físicas o cognitivas.

En enero, el Gobierno de Baleares expresó que le gustaría aprobar una ley para prohibir la compra de vivienda a no residentes ante la situación de su mercado inmobiliario. La mayoría de sus críticos le recordaron que la medida sería contraria a la normativa comunitaria. El eurodiputado de Ciudadanos y ex presidente de Baleares Juan Ramón Bauzá hizo una pregunta parlamentaria por escrito a la Comisión Europea en la que señalaba la idea del Gobierno balear.

"Lo peor es que muchos no morían de coronavirus, morían por hambre y por la falta de atención médica", explica Lola Villarrubia, sanitaria. Maripaz Villanueva, que también se ha desplazado a los juzgados donde declaraban Mur y Reyero, denuncia que "han sido decisiones políticas, no sanitarias, las que han decidido el futuro de enfermos"."La responsable de las muertes indignas es la Comunidad de Madrid y no dice nada, Ayuso no tiene vergüenza"