La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, dijo este miércoles que su grupo pedirá que se renueven los miembros de la Cámara de Cuentas porque esta institución tiene que "fiscalizar los contratos""Vamos a pedir que se renueve la Cámara de Cuentas que llevaban los miembros caducados desde hace tres años y vamos a pedir a la Mesa de la Asamblea que se renueve esa Cámara antes de que con la 'Ley Ómnibus' la elección de los miembros sea por mayoría simple y el PP pueda tener todo bien amarrado"

Los contratos de emergencia de los organismos públicos durante la pandemia para comprar mascarillas, geles y otros materiales sanitarios registraron deficiencias e irregularidades generalizadas, según se desprende de un informe crítico difundido este viernes por el Tribunal de Cuentas. Se trata de la "Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El PP ha logrado colocar a uno de los suyos como secretario general de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas del Gobierno andaluz. El elegido para ese puesto es clave para el buen funcionamiento de la Cámara porque tiene, entre otras, las funciones de ejecución de acuerdos, el asesoramiento jurídico y la jefatura de personal. Tres consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elaboran un voto particular porque el elegido para el cargo de secretario general, que proviene del Ejecutivo, no es funcionario.

En la contratación pública también hay mucha tramoya que, a pesar de formar parte del expediente administrativo, no suele apreciarse o pasa desapercibido para los lectores superficiales de las licitaciones.

Canadá: las cuentas bancarias se congelan si las personas no se vacunan y no se registran en la aplicación de vigilancia de 1984.

En general, se reconoce que los terroristas islámicos más eficaces, despiadados y problemáticos son los chechenos. Así ha sido desde la década de 1990, cuando Rusia libró dos guerras en Chechenia para reprimir los movimientos separatistas. Hacia el final de la segunda guerra, Rusia proporcionó a Chechenia autonomía bajo el gobierno de un señor de la guerra local que estaba dispuesto a mantener a Chechenia libre de rebeldes y terroristas islámicos mientras no se cuestionaran sus métodos. Por ello, varios miles veteranos decidieron emigrar.

El organismo recomienda modernizar la subvención electoral de seguridad, pensada para proteger a los cargos públicos del terrorismo, y adaptarla a las nuevas amenazas que plantea la Red

El Tribunal de Cuentas ha propuesto a los partidos que cambien el destino de la partida económica anual de los presupuestos generales del Estado destinada a su seguridad -que fue creada en 2002 ante la amenaza terrorista de ETA- para que la empleen en ciberseguridad y protección en la Red. En una moción aprobada para mejorar la situación financiera y control de los partidos y de las fundaciones, el órgano presidido por María José de la Fuente propone realizar este cambio en el gasto de dicha partida, para la que desde 2003 se han presupuestado

Según la denuncia, los movimientos hacen referencia a la apertura de 12 depósitos de 25.000 euros cada uno y de otros 12 a razón de 30.000 euros cada uno. Los primeros, abiertos entre el 1 uno de enero y el 31 de diciembre de 2003, (los denunciantes aportan a numeración). Según el exjuez "la actual ministra de Defensa fue investigada por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales."

Tormenta en el Institut Català de Finances (ICF) en plena vorágine por la concesión de los avales para pagar las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat por la propaganda del procés en el extranjero. Tres integrantes de la junta de gobierno de esta institución financiera del Ejecutivo catalán dimitieron a principios de esta semana antes de que, el miércoles, la dirección del ICF votara la concesión de dichos avales por un valor de 5,4 millones de euros.

Los 34 presuntos responsables contables de la acción exterior de la Generalitat vinculada al 'procés' entre 2011 y 2017 han empezado a depositar las fianzas que el Tribunal de Cuentas les impuso de forma cautelar. El plazo de entrega concluía la medianoche del miércoles, pero se ha retrasado a este jueves. Dos han afianzado en efectivo, otros dos con la presentación de bienes inmuebles como aval, y el Institut Català de Finances (ICF) ha anunciado este jueves que ha hecho efectivo el aval correspondiente a 29 de los encausados.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.

El Govern catalán ha aprobado transferir 10 millones de euros de un fondo extraordinario de la Generalitat para dotar el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos del Ejecutivo. Con este fondo, se pretende ayudar a los ex líderes del procés condenados por malversación de fondos públicos.

El Govern ha dado ya con la tecla que buscaba para acudir en el socorro de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas por la celebración del 1-O. En la reunión de este martes del Consell Executiu ha aprobado un decreto ley por el que se crea un fondo complementario de riesgos, con una aportación inicial de 10 millones, para el rescate de los "servidores públicos en el ejercicio de su cargo". La fianza conjunta exigida por el Tribunal de Cuentas alcanzan los 5,4 millones.

"No por ser de Vox debo ser heterosexual; si piensan eso se equivocan. Es más, les invito a mi casa para que conozcan a mi marido". Con esta frase el concejal de Vox en Burjassot, José Vicente Aguilar, reconocía su homosexualidad durante el último pleno de ayuntamiento celebrado el pasado martes 29 de junio.

La Abogacía del Estado empezó a retirarse el miércoles del procedimiento seguido contra altos cargos del procés y funcionarios de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas, confirmando las manifestaciones realizadas en este mismo sentido el día anterior por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

Tras concluir la fase de instrucción con la reclamación de una fianza de 5,4 millones de euros, llega el enjuiciamiento. La sentencia en primera instancia será dictada por la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante y, en caso de recurso, será revisada por un consejero del sector conservador y dos del progresista

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar y consejera del Tribunal de Cuentas, será la encargada de dictar en su momento la sentencia por responsabilidad contable contra los 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña que serán, más que probablemente, sancionados este martes por el Tribunal de Cuentas por supuestos gastos indebidos durante el proceso independentista entre 2011 y 2017.

La ministra es partidaria de prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades" y "piedras en un camino" que el Gobierno va a recorrer "sí o sí". Precisamente, el Tribunal de Cuentas dará mañana a conocer la cantidad a la que asciende la liquidación provisional que ha fijado por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al «Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como ‘Diplocat’, que se estima en más de 5 millones de euros.

Todo viene de la negativa de este concejal a justificar los gastos efectuados con dinero público, algo respaldado por todos los partidos excepto por Vox. En enero de este año todos los grupos políticos presentaron correctamente sus cuentas, pero Manuel Pérez Paniagua se negó. Hasta el momento, el concejal de Vox solo ha justificado el 20% de sus gastos entre 2019 y 2020, según afirma el grupo Adelante San Juan.