Faltan 12 días para las elecciones, pero los tribunales de todo el país ya están lidiando con esfuerzos para sembrar dudas acerca de los resultados. Se han radicado más de 100 demandas relacionadas con los comicios de mitad de término del 8 de noviembre. Los cuestionamientos, generalmente de republicanos, se enfocan más que nada en las reglas que rigen el voto por correo, el voto anticipado, el acceso a las urnas, el equipo a ser usado, los empadronamientos, el recuento de votos en ausencia y el acceso de los observadores de los partidos.

Los nacionalistas vascos afirman que están dispuestos a "ayudar" para que haya un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y creen que "todo puede precipitarse"

El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial comienza a dilatarse más de lo deseable para el Gobierno. «Está hecho», aseguran a este diario fuentes socialistas, que no ocultan las suspicacias que les genera la tardanza en materializarse. Las sensaciones después de la reunión, hace ya dos semanas, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa fueron positivas y mientras transcurre la negociación se siguen trasmitiendo señales de optimismo. «Vamos avanzando, cada día un paso más».

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

La Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo: “no han respetado el límite constitucional del respeto a la ley”. Ambos tribunales repiten hasta la saciedad que el sistema de ayudas a través de las “transferencias de financiación” que se arbitró para hacer frente a los ERE era un sistema “ilegal”, a pesar de que tal sistema figuró durante diez años consecutivos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.Se hace abstracción del “principio de legalidad” para poder calificar de “ilegal” un sistema de financiación.

Esto va más allá de Podemos. Cuando los jueces abren causas ridículas sin pruebas y los poderes mediáticos lo usan conscientemente para destruir la reputación de partidos que se presentan a las elecciones, se está amañando la democracia. Es el golpismo sin fusiles del siglo XXI.

El Partido Popular le ha presentado una batería de sugerencias al Gobierno para ‘despolitizar’ la Justicia. Entre las novedades que el vicesecretario de Relaciones Institucionalesdel PP, Esteban González Pons, ha puesto sobre la mesa, se encuentra la regulación de elección del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los puntos esconde una trampa para José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel

Este domingo vence el mandato de cuatro magistrados del Constitucional con un escenario incierto para su renovación. El CGPJ debe nombrar a dos pero su interinidad lo impide y el Gobierno a otros dos, aunque todo apunta a que no lo hará ante el previsible bloqueo de la mayoría conservadora del tribunal.

El PP ha culpado al Gobierno de PSOE y Podemos de bloquear la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional el próximo 12 de junio, porque es la ley que impulsó el Ejecutivo y que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos estando en funciones la que impide el recambio.

La persecución es «ideológica», protestan asociaciones de mujeres tras sufrir un recorte del 70% de los fondos. Abocadas al cierre o a prescindir de servicios, acusan a Belarra y Montero de «favorecer a otros colectivos»

Periódicamente, como a oleadas, una parte de la opinión pública insiste en la idea de que los jueces pertenecemos a una especie de “dinastía” judicial, endogámica y privilegiada. Reconozco que me aburro de hablar de este tema a fuerza de desmentir discursos que mezclan churras con merinas y que se basan en pseudo-argumentos reduccionistas dirigidos a instalar emociones en la amígdala cerebral, sin procesar, sin analizar y, sobre todo, sin desarrollar las ganas de conocer la verdad.

Las elecciones tienen consecuencias y la abolición realizada por la Corte Suprema es consecuencia de la voluntad del pueblo. El presidente Trump es el regalo conservador que sigue dando. Durante demasiado tiempo fue necesario un debate sobre el papel de la Corte. Nuestros Padres Fundadores imaginaron que la Corte Suprema estaría libre de política, influencia externa y sería la rama menos poderosa. ¿Por qué? Porque el trabajo de la Corte Suprema es interpretar lo que dice la Constitución, no lo que debería decir o proteger.

"Respetamos, como no puede ser de otra manera, las diferentes acciones recogidas en nuestro Estado de derecho (manifestaciones, movilizaciones, etc.), pero exigimos que se lleven a cabo dentro del marco de legalidad, con la fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando a aquellos profesionales del sector que deseen voluntariamente seguir trabajando, y pedimos que se aplique todo el peso de la ley a las acciones violentas e intentos de coaccionar a los que quieren mantener su actividad laboral y profesional".

Nada de lo vinculado con los indultos que el Gobierno concedió hace meses a los presos del 'procés' es sencillo. Cuando el horizonte judicial de los recursos que distintos partidos y asociaciones presentaron ante el Tribunal Supremo en su contra parecía ya despejado, un asunto organizativo que afecta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha venido a complicarlo: las normas de reparto obligan a un cambio inminente en la composición de la Sección Quinta, cuyos integrantes rechazaron por mayoría todos los recursos.

De hecho, para entender este statu quo, basta con repasar la situación de los jueces de la Audiencia española que inicialmente condenaron a Valtonyc a más de tres años de cárcel. La sentencia la redactó Concepción Espejel , que también era presidenta del tribunal, y la firmaron Enrique López y Juan Pablo González. Espejel, siempre muy ligada al PP, es ahora mismo miembro del Tribunal Constitucional español, tras ser propuesta por la formación de Pablo Casado . A raíz de estos vínculos ya había sido recusada y apartada de la causa de Gürtel.

Eduardo de Urbano, que rechazó investigar el cartel de la extrema derecha contra los menores no acompañados y firmó la condena a Isa Serra, se pasa a la abogacía y concede una entrevista a una web de policías nacionales.

Las acusaciones han ido a más. "Los jueces de hoy actúan como los militares de entonces", ha señalado para después asegurar que tanto el poder judicial como el Ejército son dos instituciones que "ni son sometidas al control popular ni participan en procesos electorales". A su entender, los jueces españoles "implementan la guerra" contra la izquierda haciendo un "uso ilegítimo de la ley para desprestigiar al oponente con la intención de paralizarlo...

El PSOE ha pactado con el PP renovar el Tribunal Constitucional y los socialistas se felicitan por ello. Ni siquiera han cumplido los mínimos, pero PP y PSOE se dan palmadas en la espalda al otro y en el pecho a sí mismos mientras Unidas Podemos, que ha apoyado los nombramientos opta por la táctica del avestruz: cabeza gacha, a ver si escampa.

Pablo Echenique, ha destacado que han tenido que aceptar candidatos al Tribunal Constitucional que están muy asociados al PP pero, a su vez, los populares han tenido que "tragar el sapo" de que haya magistrados progresistas en este órgano.

La ola expansiva a raíz de la bomba que en la que se ha convertido decisión de Meritxell Batet todavía continúa. Después de todo el alboroto entre los morados por la suspensión del acta del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, el PSOE ha salido en defensa de la presidenta de Congreso de los Diputados con el fin de cerrar filas con ella, así como con los jueces. En un comunicado han subrayado su postura de "respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los...

La presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, los magistrados Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán y el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo serán los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en virtud del pacto cerrado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y por el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

"Es una más de las decisiones que se están teniendo en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional contra los avances que está poniendo en marcha el Gobierno de coalición y empujando la sociedad", ha planteado Serra, que también defiende que la respuesta que el órgano de garantías tiene encima de la mesa es "un atrincheramiento en la justicia" por parte de "jueces conservadores que quieren hacer política en contra del Gobierno".