La desinformación por parte de los miembros de la unidad de las FDI responsable de las operaciones de guerra psicológica condujo a una negación incorrecta de la participación del ejército en el canal, dijo la FDI. En un desmentido anterior, las autoridades militares israelíes han admitido que el canal de Telegram 72 Virgins - Uncensored era operado por miembros de un departamento de las Fuerzas de Defensa de Israel. [ENG]

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras denuncian una oleada de impagos “sin precedentes” por parte de la Generalitat Valenciana. Los retrasos en las nóminas y otros errores en las mismas afectan a los departamentos de Igualdad y Servicios Sociales, Educación y Agricultura, tanto a personal de la propia administración como de organismos autónomos y empresas concesionarias.

Una investigación transnacional revela que un cuarto de los miembros del Parlamento Europeo han protagonizado escándalos o casos de conducta indebida durante su trayectoria. Hermann Tertsch ha sido declarado culpable dos veces por vulneración del derecho al honor, por acusaciones contra familiares del ex vicepresidente Pablo Iglesias. El eurodiputado de Vox es el único miembro español del Parlamento Europeo que ha sido condenado por los tribunales, pero hay más, concretamente once, que han tenido conductas indebidas o escándalos en su historial

El PSOE ha planteado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no debería desear la ilegalización de formaciones políticas por falta de "lealtad constitucional", ya que la llamada 'operación Cataluña' es un "Watergate en toda regla" que deja a la formación popular en una posición comprometida. Las informaciones publicadas por La Vanguardia y elDiario sobre el asunto evidencian que los populares "usan todo el Estado como si fuese suyo". "Por eso tienen ese concepto del Gobierno de España como un patrimonio que no puede serles arrebatado."

Damiana García (PP), concejal de personal, obtiene plaza de funcionario como Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de La Unión e interviene en el proceso al aprobar la lista de personas admitidas del que ella misma formaba parte y que finalmente le concedería la plaza de funcionario.

Arroyomolinos sólo dedica a la partida social 19,62 euros por habitante cuando la media nacional se sitúa en 119,61, según el estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS). “Somos de los municipios más jóvenes y faltan servicios sociales; este equipo de gobierno apuesta más por el postureo, por las fiestas, por ejemplo, y a la hora de gestionar las cosas de comer, nada”, explica Pascual Jiménez, portavoz del PSOE en el municipio, que está gobernado por PP y Vecinos por Arroyomolinos.

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto

Del escudo social se han quedado fuera cuestiones vinculadas a la limitación de contratos en vigor para evitar subidas “abusivas” a los inquilinos o mejoras tales como duplicar la cuantía del impuesto a la banca. No obstante, la ampliación del bono social eléctrico se antoja como una de las grandes pérdidas de este nuevo decreto.La coportavoz morada exige al Gobierno que convierta en permanente la rebaja del transporte público, así como la aplicación de un control de precios a alimentos básicos y establecer un control de los tipos de interés má

Frente al ruido, los datos. Frente a los videntes de la vorágine, las cifras. Y frente al “España se rompe” que corea la oposición, Pedro Sánchez trata de imponer un marco que no habla de referéndum ni de amnistía ni de ETA ni de Bildu ni de naciones… Sólo de las cosas de comer. A saber: el SMI, las pensiones, las ayudas al transporte público, la suspensión de los desahucios, la reducción del IVA de los alimentos y, en definitiva, la protección de los más desfavorecidos.

Mientras la vivienda siga siendo un bien como cualquier otro en este sistema, es decir, una mercancía, una propiedad en manos privadas, sin planificación estatal con base en las necesidades sociales, su acceso no estará garantizado como derecho. Hace falta una sociedad nueva, radicalmente distinta; no una sociedad donde unos pocos gestionan las migajas que nos dejan desde parlamentos y gobiernos capitalistas, sino una sociedad que se construye a partir de la organización en nuestros centros de trabajo y en nuestros barrios.

l número dos del Gobierno valenciano le da unas palmadas en el pecho al representante socialista al recriminarle su burla durante el debate de Presupuestos en las Corts Valencianes

Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia.La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”.

La medida se ha presentado como un gran avance, aunque en el texto se especifica que no se quiere reconocer como matrimonio "algo que no lo es" y que estas bendiciones tienen un sentido meramente "litúrgico".