Estamos ante lo que podría calificarse de colonialismo ambiental, caracterizado por: La explotación de los recursos naturales renovables. El vertido de residuos tóxicos de actividades productivas (residuos industriales) y del consumo (residuos tecnológicos, plásticos) en el aire, el agua y la tierra de los países colonizados. La externalización o deslocalización de la huella de carbono de los países desarrollados y ricos mediante la deslocalización de la producción industrial. El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Enlace: www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27509.pdf

El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al anteproyecto de hoy que supondrá la creación a los nuevos gravámenes sobre los residuos y los plásticos que el Ejecutivo anunció el año pasado, pero que estaba pendiente impulsar para su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo también ha modificado la normativa de impuestos especiales para evitar el fraude en el gravamen de hidrocarburos que se da al alterar la composición de gasóleos.

Mercedes Iglesias, actual secretaria de Unidas Podemos de Torrejón de Ardoz, ha sido inhabilitada dos años para cargo público por prevaricación. Los hechos se remontan al año 2010, cuando era alcaldesa de Nuevo Baztán con el partido Unión Progresista Independiente, y contrató a su hijo de forma irregular, según ha dictaminado la Audiencia Provincial de Madrid.

El Partido Popular ha denunciado en los juzgados de Plaza Castilla (Madrid) al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un posible delito de prevaricación en el cese “ilegal” del coronel Diego Pérez de los Cobos. En la denuncia del PP se subraya que “la motivación del cese es ilegal” y recalca que si el coronel hubiese accedido a dar información sobre la investigación de la manifestación del 8-M hubiese incurrido en un “acto ilícito penal”.

Aplaudimos esta decisión, conocida ahora por la prensa, dada la gravísima situación y el fracaso de las autoridades pesqueras a la hora de detener el declive.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

A partir de mañana 15 de octubre comenzarán a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, los 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE, por el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de fondos públicos andaluces. La sociedad recibió en total 80.497.820,44 euros de fondos públicos de la Junta entre 2005 y 2012 a fondo perdido.