El pasado agosto de 2022, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso en el punto de mira de la Fiscalía por presunto fraude fiscal y otras irregularidades, intentó llevar a cabo una macrorreforma en la vivienda de lujo que adquirió en Madrid. Sin embargo, estas modificaciones fueron denegadas por el Ayuntamiento de Madrid por diferentes motivos, entre ellos, la "inexactitud, falsedad u omisión" de documentos para llevar a cabo la reforma, o la magnitud de la misma, que podía poner en peligro elementos básicos del edificio. Sin embargo

Tanto Más Madrid como PSOE han reiterado que la mandataria no debería seguir al frente de la Comunidad y han insistido en reclamarle explicaciones, mientras que la presidenta ha defendido que no es un tema que afecte a la Comunidad y ha planteado que esta sufrague una vivienda oficial a su presidenta.

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa.

El líder de Junts puede ser candidato tanto a las elecciones catalanas como a las europeas, pero después tendrá que escoger una de las dos actas a la espera de si el Supremo intenta complicar su amnistía.

Continúan conociéndose nuevas subvenciones recibidas por Priviet Sportive S.L., la empresa que recibió más de un millón y medio de euros de la Comunidad de Madrid con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta autonómica, como intermediario comercial por la venta de mascarillas. A la enorme suma recibida de la Administración Ayuso en abril de 2020 y a una larga lista de subvenciones de diferentes Consejerías de Castilla-La Mancha en conceptos relacionados con la agricultura y la ganadería, ahora hay que sumar otros 360.000 euros de dinero públi

Laura García Lorca anunció su cese por estar en desacuerdo con el nombramiento de Antonio Membrilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que muchas familias prefirieron que sus mayores se quedaran en las residencias porque eran sus casas. Las familias contestan que si eran sus casas tenían que haber tenido médicos porque "todos cuando estamos en nuestra casa enfermos llamamos al SAMUR y viene un médico a visitarnos. A las residencias no mandaron a ni un solo médico".

La exhumación de la fosa común del cementerio de O Val comenzará el 4 de marzo. Se realizarán dos o tres catas y se investigará también un nicho con el fin de encontrar los restos de 51 personas que se cree que pueden estar enterradas en este lugar. Todos ellos son marinos, represaliados del acorazado “España”, del vapor “Dómine” y del buque de transporte “Contramaestre Casado”. Estas labores las realizan profesionales del grupo Histagra de la Universidade de Santiago que en los meses previos han utilizado distintas tecnologías .

El contrato de transporte sanitario programado venció en febrero de 2023. Desde entonces el servicio funciona en una especie de limbo legal. Estas ambulancias realizan un millón de viajes al año. La Comunidad de Madrid tiene privatizados dos importantes servicios de ambulancias: el de transporte urgente (el traslado de un paciente ante una situación imprevista) y el programado (para aquellos enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, por ejemplo, para recibir diálisis, quimioterapia o rehabilitación). Este

Las actas de residencias en Madrid, redactadas por la Policía Municipal durante lo más duro de la pandemia y que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trata de esconder, muestran la cruda realidad que se vivió en estos lugares durante aquellos días.

ElPlural.com ha accedido a las actas de las residencias redactadas por la Policía Municipal de Madrid durante la peor etapa de la pandemia. Escritos que dibujan milimétricamente los horrores vividos y experimentados en estos centros de mayores, con personal exhausto, órdenes contrapuestas y una tónica general: si los internos hubiesen sido trasladados a tiempo a un hospital muchas vidas se hubieran salvado. La hemeroteca no miente: solo entre los meses de marzo y abril, durante la primera ola de la crisis sanitaria, fallecieron 9.468 personas e

El Ejecutivo regional abonó en 2020 por estos servicios a la Iglesia 396.538 euros a pesar de que ese año las residencias estuvieron varios meses cerradas por la pandemia.

Jaime Mayor Oreja tiene buenos contactos en el mundo judicial. El exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar ha logrado que tres magistrados en activo, todos ellos con puestos significativos en el ámbito de la Justicia, se sumen a su campaña pública contra la ley de amnistía. El juez Juan Pablo González, recusado en el procedimiento de la trama Gürtel por su afinidad con el PP, y el miembro del CGPJ José María Macías estarán este jueves en una charla de la asociación que dirige el exministro.

Casi 70.000 metros cuadrados de la montaña de Cullera cercanos al castillo y a los restos de la fortificación carlista de l’Alt del Fort han dejado de ser zona verde, como había dispuesto el ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana sino que recuperaran su condición de solares edificables, tal y como dispuso la ley franquista de 1965