La Abogacía del Estado empezó a retirarse el miércoles del procedimiento seguido contra altos cargos del procés y funcionarios de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas, confirmando las manifestaciones realizadas en este mismo sentido el día anterior por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

Tras concluir la fase de instrucción con la reclamación de una fianza de 5,4 millones de euros, llega el enjuiciamiento. La sentencia en primera instancia será dictada por la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante y, en caso de recurso, será revisada por un consejero del sector conservador y dos del progresista

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar y consejera del Tribunal de Cuentas, será la encargada de dictar en su momento la sentencia por responsabilidad contable contra los 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña que serán, más que probablemente, sancionados este martes por el Tribunal de Cuentas por supuestos gastos indebidos durante el proceso independentista entre 2011 y 2017.

La ministra es partidaria de prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades" y "piedras en un camino" que el Gobierno va a recorrer "sí o sí". Precisamente, el Tribunal de Cuentas dará mañana a conocer la cantidad a la que asciende la liquidación provisional que ha fijado por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al «Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como ‘Diplocat’, que se estima en más de 5 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas propone imponer a Vox una sanción de 72.600 euros (que le serán deducidos de la subvención electoral que le corresponde) por haber vulnerado la Ley Electoral en la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. En concreto, el partido ultra habría incumplido la norma que prohíbe contratar espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada, por lo que el organismo fiscalizador plantea una sanción equivalente al doble de los gastos declarados irregulares (36.300 euros).

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones.

Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha lanzado un ordenamiento interno prohibiendo al ministro de justicia, Itamar Ben Gvir, dar instrucciones operacionales a las fuerzas de seguridad sobre cómo deben actuar durante las manifestaciones y el uso de la fuerza durante las protestas. La sala sentenció en marzo que el ministro de extrema derecha no tenía permitido dar tales órdenes y hoy ha encontrado que Ben Gvir violó ese mandato. Resto de la traducción del artículo en #1

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha. El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura.

En la web de La Moncloa (lamoncloa.gob.es) ha ofrecido un enlace para seguir en directo el acto del Círculo de Bellas Artes. Además, ha emitido el vídeo en directo de la presentación a través de los perfiles oficiales de Presidencia en Twitter, Facebook y YouTube.

Sin duda, el mayor peligro para el Estado de Derecho emana de la parte de la sentencia que concede una amplísima e indiscriminada capacidad para recurrir decisiones políticas que corresponden a otros poderes del Estado. El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo con la revisión del Poder Legislativo.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

Colapso mental de un soldado israelí que culpa a sus mandos por obligarlo a matar a personas inocentes. "¡Yo he asesinado para vosotros! ¡Con estas manos!, ¿vosotros decís terroristas con sangre en sus manos? ¡Yo he asesinado más de 40 personas para vosotros! ¡Yo asesiné! He pasado 9 años así y ni tan siquiera he recibido una discapacidad. De unidad en unidad. Me jodieron y nadie me proporciona terapia. ¡Y me quejo y chillo! ¡Y me meo por las noches por el trauma! Se acerca y me pregunta: ¿Por qué me has asesinado? ¿Por qué me has asesinado?"

El partido ha pasado 7 millones de euros a la fundación privada que preside Abascal, como publicó elDiario.es, lo que ha motivado que hayan enviado cartas masivas a los militantes para justificar las transferencias.