“Es que en realidad no son personas independientes que están tomando sus propias decisiones, sino que están acatando una serie de directrices que les están llegando desde fuera, desde partidos políticos. Y en este caso es el PP porque está interesado en controlar las máximas instituciones posibles ya que no tiene el control del parlamento”, ha asegurado.

Ana Rosa Quintana entrevista a Feijóo el mismo día en el que el tribunal constitucional se ha reunido para decidir evitar la votación en el Congreso, a menos de 24 horas de la petición del PP al mismo órgano.

Feijóo ha dicho y dejado por escrito, con toda la mandanga disponible, que está bloqueando el CGPJ y, de camino, el Tribunal de Garantías, el TC. Es grave, esto no es filibusterismo, aceptable aunque molesto en las democracias homologables, es dejar sin su cometido constitucional a instituciones imprescindibles, menospreciando el Poder Judicial y poniéndolo a su servicio, con el concurso de una partida de vocales rebeldes y pedestres que en nada valoran su papel constitucional.

[C&P] PSOE y Unidas Podemos presentan dos enmiendas a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes enviar al Pleno los recursos del diputado del PP Alberto Casero y del Grupo Parlamentario Popular contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra.

La derecha se atrinchera en los órganos claves de la Justicia saltándose las leyes y usurpando la soberanía popular. El asalto antidemocrático de la derecha para mantener el control de la Justicia ha cruzado en estos días un nuevo rubicón. Es una situación del todo intolerable, en la que unos jueces están actuando como si fueran espadones del siglo XIX: saltándose la ley, en contra de los principios más básicos del Estado de derecho, de la soberanía popular y de la Constitución. El fin justifica los medios, deben pensar en el PP, y todo vale pa

Los tribunales rechazan los recursos de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, el currículo de bachillerato y el plan de choque de ahorro energético y tumban una normativa regional sobre eutanasia

El Ejecutivo autonómico del PP en Madrid consideró que se habían impuesto medidas de forma "arbitraria, autoritaria y contra los comercios”, si bien el órgano de garantías avala ahora que se utilizara la fórmula del Real Decreto por existir razones de "urgente necesidad". De este modo, no le tacha de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno central.

Según la visión de la derecha española, es el partido en el poder político quien manda en los jueces, cuando la realidad es que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años sin renovarse porque el Partido Popular tiene mayoría en él. El Tribunal Constitucional, hasta hace unos días con mayoría conservadora, es ahora ilegítimo porque sus sentencias ya no se deciden desde la calle Génova, y poner en duda las decisiones de juez García Castellón, persona muy vinculada al PP que actúa de forma un tanto...

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este miércoles “una estrategia grosera e inútil de deslegitimación preventiva” de los jueces protagonizada por el Gobierno de coalición y los grupos que lo apoyan. Todo después de que el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, dijera ayer mismo que “el cáncer del Estado de Derecho en España se llama Tribunal Constitucional”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia la construcción de un nuevo museo para recordar el legado de la comunidad judía. Ya les ha cedido viviendas públicas y una subvención directa de 56.000 euros

Feijóo ha iniciado una guerra sin cuartel contra el Constitucional, restándole legitimidad a sus decisiones, ahora que el PP no cuenta con una mayoría afín en el tribunal de garantías. "El Constitucional está, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Supremo", que es ahora "un tribunal de instancia", aseguró esta semana. También ha dicho que las sentencias del Constitucional son "inauditas", provocan una "inseguridad" jurídica de los ciudadanos "y, por supuesto, inseguridad de mi formación política".

Tampoco la causa en Andorra sobre los movimientos en el principado de la brigada política, que algunos afectados vieron con esperanza, ha prosperado, aunque sigue abierta y con Mariano Rajoy imputado. La razón de la parálisis también estriba en la Justicia española: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó a finales de 2022 el recurso del expresidente y paralizó la tramitación de la comisión rogatoria que envió la jueza andorrana.

La corte de garantías ha acogido así la segunda ponencia redactada por la magistrada progresista María Luisa Segoviano sobre el amparo solicitado por Rodríguez frente a la sentencia del TS.

Pretender que solo es constitucional la mayoría parlamentaria que te permite formar Gobierno, y que no lo es la que no lo permite, supone la negación de la democracia como forma política.

Un exmagistrado del Tribunal Supremo escribe hoy un artículo para pedir que no se renueve el CGPJ porque Sánchez es como Franco, un dictador. Nota: Este señor también dice que el género es una imbecilidad. Por cierto, tras una sucesión de eslóganes del PP (caudillo, colonizar instituciones, seguir en la Moncloa, usar el Falcon) el autor justifica el bloqueo porque, de renovarse, el nuevo CGPJ realizaría los nombramientos para cubrir las vacantes de Supremo. ¿Os hago un croquis?

Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.

El proyecto de ley también exigiría la pena de muerte para los palestinos condenados por terrorismo en los tribunales israelíes. Las familias de los rehenes lo llaman teatro político.