Desde el año 2012 y hasta 2016, distintas unidades policiales hicieron listas negras y pusieron en marcha cazas de brujas contra todo el que no colaboraba en los ataques que el Ministerio del Interior de la época orquestó contra partidos y políticos nacionalistas catalanes. Con dinero y medios del Estado fueron perseguidos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero también personalidades del mundo de la Justicia y las fuerzas del orden.

“Es muy preocupante que un gobierno no utilice las fuerzas de seguridad para perseguir delincuentes, sino para perseguir al adversario político, al margen del aval judicial. Y ya no solamente para investigar de manera prospectiva, sino incluso para fabricar delitos y pruebas falsas contra esos adversarios. Este es un asunto muy grave en democracia y creo que se lo debe parecer a cualquier demócrata. Sorprende el silencio del Partido Popular. El PP no puede decir: “Bueno, esto fue hace diez años”. Hace más de diez años acabó ETA y, sin embargo..

El Gobierno y el PSOE no sueltan el hueso de la denominada operación Catalunya, ante la presunta utilización de los resortes del Estado para perseguir al independentismo catalán durante los mandatos de Mariano Rajoy -unos “hechos gravísimos”, a juicio de Pedro Sánchez.La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha denunciado este sábado que estas maniobras del Partido Popular “atentan contra el Estado de Derecho”.

El PP se ha visto obligado a romper su silencio sobre los informes publicados que confirman no solo la existencia de la llamada Operación Catalunya, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a una unidad parapolicial la fabricación de pruebas contra políticos catalanes. Y lo ha hecho atacando no solo al PSOE, sino también a los medios que han revelado la existencia de dichos documentos. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha tachado de “cortina de humo” las informaciones que ha achacado al “entramado mediático del PSOE

Tampoco la causa en Andorra sobre los movimientos en el principado de la brigada política, que algunos afectados vieron con esperanza, ha prosperado, aunque sigue abierta y con Mariano Rajoy imputado. La razón de la parálisis también estriba en la Justicia española: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó a finales de 2022 el recurso del expresidente y paralizó la tramitación de la comisión rogatoria que envió la jueza andorrana.

¿Conservador? ¿Liberal? A cada paso,el PP no hace más que confirmar su involución a remolque de Vox. ¿El último hito? Defender la prohibición de los partidos que estén a favor de un referendo sobre el futuro político de Catalunya. El PP ha registrado en el Congreso este miércoles por la tarde una enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía, enmienda en la que plantea la "disolución" o "suspensión de actividades" de partidos políticos u organizaciones sociales y culturales que promuevan referendos ilegales o declaraciones de independencia

Estados Unidos está reuniendo una coalición naval multinacional para ayudar a salvaguardar el tráfico comercial de los ataques del movimiento Houthi de Yemen. El jueves, el Pentágono dijo que más de 20 países habían acordado ya participar en el grupo, conocido como Operación Guardián de la Prosperidad. Sin embargo, algunos países no han confirmado su participación, mientras que otros han dicho que sus esfuerzos para ayudar a proteger el tráfico comercial del Mar Rojo serán parte de acuerdos navales existentes y no de la nueva operación dirigid

La investigación, ahora conocida como operación Influencer, estalló el martes pasado en Portugal, provocando la renuncia de António Costa, dejando cinco detenidos y varios imputados —entre ellos, altos funcionarios de gobierno—, por lo que la Fiscalía estimó eran delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. Pero al correr de los días, ya despejada la polvareda, los analistas portugueses comenzaron a levantar una pregunta pertinente: ¿de qué se acusa al primer ministro?

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, cambió el tono este martes para referirse a la amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y Junts para allanar la investidura de Pedro Sánchez después de que el lunes se mostrara un tanto sarcástico al respecto. Si el ayer Borrell ventiló la cuestión apuntando que "quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", hoy ha asegurado que la iniciativa busca "hacer borrón y cuenta nueva".

La cúpula del poder judicial español —dividido y caducado desde hace cinco años— ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía. Hay que tener en cuenta que este pronunciamiento forzado por magistrados colocados por el PP se produce cuando todavía no tienen en sus manos ninguna ley de amnistía, porque esta todavía no ha estado del todo pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya; ni siquiera se ha presentado al Congreso de los Diputados ninguna proposición de ley para sacarla adelante.

Mientras Pedro Sánchez trabaja para conseguir el apoyo de Junts --después de haberse garantizado el voto favorable de ERC--, la derecha política, mediática y judicial ya ha iniciado su ofensiva para intentar boicotear la investidura del socialista. Y ahora también se ha sumado el mundo eclesiástico. Son diversas las personalidades de la Iglesia española que han decidido pronunciarse en las últimas horas para demonizar la amnistía para los líderes del procés, así como el independentismo, en términos más generales.

El Parlament ha dado el primer paso para acabar prohibiendo algunas de las fiestas taurinas que aún se celebran en Catalunya y que provocan más sufrimiento a los animales, como el “bou embolat”, los “bous capllaçats” o los “bous a la mar”. La propuesta de ley, promovida por una plataforma Prou Correbous y presentada en abril del año pasado conjuntamente por la CUP y En Comú Podem, iniciará ahora los trámites parlamentarios, tras una votación preliminar en el que el pleno ha dado luz verde a la tramitación y ha rechazado la enmienda de Vox

El Parlamento reclamará al Congreso que los delitos de pederastia nunca prescriban. Todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, quieren cambiar en el código penal la ley de protección al menor, aprobada hace sólo dos años en el Parlament de Catalunya. Son seis meses de trabajo, donde se han escuchado a más de treinta testigos de víctimas de abusos sexuales cuando eran menores, la mayoría de los grupos políticos han visto legítima la petición que les han hecho todas las víctimas. Reclaman el fin de la impunidad para este tipo de delitos.

El brigada imputado por presuntos métodos ilegales habla en una grabación de la detención de un empresario en el marco de una operación que el PP publicitó como una suerte de Gürtel del PSOE, que sigue estancada dos años después y que los socialistas siempre consideraron desproporcionada.

El éxito de Aliança Catalana en Ripoll ha despertado alertas a propósito de la aparición de una "extrema derecha" catalanista, más o menos equivalente al españolista que representa a Vox en el conjunto del Estado.