Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo. La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales", mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio.

Las asociaciones judiciales han convocado huelga indefinida de jueces a partir del 16 de mayo. Hasta que les suban el salario. El Gobierno ya les ofrece aumentarlo en 450 euros al mes, pero no les parece suficiente. Así que todo indica que nos encaminamos a una huelga que paralizará aún más la justicia del país y, si se hace de manera irresponsable, puede afectar al funcionamiento ordenado del Estado, en ausencia de quien debe dirimir cualquier disputa.

Los jueces han rechazado aplicar la modalidad atenuada en los casos más conocidos de malversación que se podían haber visto afectados por la reforma, y la Fiscalía se está oponiendo también a rebajar la pena en las sentencias firmes que ahora se están revisando y ha anunciado que limitará la aplicación del nuevo tipo penal en futuros casos.

Los jueces en España tienen una querencia similar a la de los toros mansos. Una gran parte de las personas que tienen como misión principal la de impartir

Todo el auto de Manuel Marchena es una declaración de intenciones y frustraciones. El magistrado asume las funciones del poder ejecutivo y del legislativo, desgranando todos los razonamientos que hacen que la revisión del Código Penal sea un mal negocio para el Estado. Según el ponente de tan bravo auto, “Quien para hacer realidad un referéndum no avalado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y prohibido por los tribunales de justicia moviliza a miles de personas, en la ilusionada creencia de que ejercerán el imaginario derecho a...

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la tarde de este martes por unanimidad designar magistrados del Tribunal Constitucional al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, de tendencia conservadora, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del alto tribunal María Luisa Segoviano, progresista. Eran los dos magistrados propuestos por el sector conservador y ambos han salido adelante con el voto de los 18 vocales del órgano, incluidos los ocho progresistas, que han renunciado a su candidato.

Pascual Sala,Presidente del Constitucional las rechaza. El Presidente del Congreso,José Bono pone un plazo a PSOE y PP para acabar con el bloqueo.Aquí Soraya Sáenz de Santamaría "prometiendo" que van hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Sabe que es mentira,quedan unos meses para las elecciones donde tienen asegurada la mayoría absoluta y recuperar la mayoría conservadora en el Poder Judicial.El gobierno de Zapatero también da por hecho que la renovación no se va a producir en esta legislatura.

Tuit de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación española mayoritaria de jueces.

El Constitucional solucionó el caso en 2008, rechazando el recurso del Partido Popular, pero un año antes se reunió, igual que sucede estos días con la nueva reforma, para ver si debían aceptar la abstención de dos magistrados. Los dos directamente afectados por la reforma, la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez, habían solicitado ellos mismos ser apartados del pleno porque sus puestos estaban directamente afectados por la reforma recurrida.

Patxi López ha dicho que los miembros del CGPJ que se nieguen "a cumplir sus obligaciones" tendrán que "asumir responsabilidades".

Denuncian afectación de la independencia judicial por las últimas reformas legislativas y piden la imposición de sanciones

En las páginas 18 y 21, de las 26 que configuran la sentencia del Tribunal de Apelación, de la demanda civil de Corinna Larsen contra Juan Carlos por acoso, vigilancia ilegal y difamación, el citado tribunal razona, y establece, que los ciudadanos privados no tienen acceso al CNI (Centro Nacional de Inteligencia) ni a su entonces director, el general Félix Sanz Roldán. Por lo tanto, Juan Carlos I obtuvo su colaboración para acosar a Corinna en su capacidad de jefe de Estado.

Feijóo: "En nada contribuye a sanear el debate público el señalamiento constante del discrepante. Ya sea señalar a la oposición, señalar a los medios de comunicación, periodistas, a los fachas con toga... perdón, a los jueces"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha marcado distancias con Podemos y el Ministerio de Igualdad al reclamar “absoluto respeto a los jueces en su trabajo y su desempeño” después de que el socio minoritario haya responsabilizado en exclusiva a los magistrados por la reducción de las condenas a abusadores y violadores en base a la nueva ley del 'solo sí es sí'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debería dimitir por “atacar” a los jueces y culparles de “sacar a los violadores” de la cárcel. “Es ella la responsable; debería dimitir y ustedes tomar nota”, ha lanzado Ayuso a la bancada de Unidas Podemos.

Faltan 12 días para las elecciones, pero los tribunales de todo el país ya están lidiando con esfuerzos para sembrar dudas acerca de los resultados. Se han radicado más de 100 demandas relacionadas con los comicios de mitad de término del 8 de noviembre. Los cuestionamientos, generalmente de republicanos, se enfocan más que nada en las reglas que rigen el voto por correo, el voto anticipado, el acceso a las urnas, el equipo a ser usado, los empadronamientos, el recuento de votos en ausencia y el acceso de los observadores de los partidos.

Los nacionalistas vascos afirman que están dispuestos a "ayudar" para que haya un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y creen que "todo puede precipitarse"

El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial comienza a dilatarse más de lo deseable para el Gobierno. «Está hecho», aseguran a este diario fuentes socialistas, que no ocultan las suspicacias que les genera la tardanza en materializarse. Las sensaciones después de la reunión, hace ya dos semanas, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa fueron positivas y mientras transcurre la negociación se siguen trasmitiendo señales de optimismo. «Vamos avanzando, cada día un paso más».

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibió la sentencia del TSJM, este tribunal ha comunicado a Isabel Serra que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse manifestado frente a un desahucio. Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que le impusieron en la sentencia) desde que fue condenada, y le impedirá presentarse en cualquier lista electoral hasta 2025.

La Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo: “no han respetado el límite constitucional del respeto a la ley”. Ambos tribunales repiten hasta la saciedad que el sistema de ayudas a través de las “transferencias de financiación” que se arbitró para hacer frente a los ERE era un sistema “ilegal”, a pesar de que tal sistema figuró durante diez años consecutivos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.Se hace abstracción del “principio de legalidad” para poder calificar de “ilegal” un sistema de financiación.

Esto va más allá de Podemos. Cuando los jueces abren causas ridículas sin pruebas y los poderes mediáticos lo usan conscientemente para destruir la reputación de partidos que se presentan a las elecciones, se está amañando la democracia. Es el golpismo sin fusiles del siglo XXI.

El Partido Popular le ha presentado una batería de sugerencias al Gobierno para ‘despolitizar’ la Justicia. Entre las novedades que el vicesecretario de Relaciones Institucionalesdel PP, Esteban González Pons, ha puesto sobre la mesa, se encuentra la regulación de elección del Consejo General del Poder Judicial. Uno de los puntos esconde una trampa para José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel

Este domingo vence el mandato de cuatro magistrados del Constitucional con un escenario incierto para su renovación. El CGPJ debe nombrar a dos pero su interinidad lo impide y el Gobierno a otros dos, aunque todo apunta a que no lo hará ante el previsible bloqueo de la mayoría conservadora del tribunal.

El PP ha culpado al Gobierno de PSOE y Podemos de bloquear la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional el próximo 12 de junio, porque es la ley que impulsó el Ejecutivo y que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos estando en funciones la que impide el recambio.