Els Amics de la Arts, Doctor Prats, Gertrudis, Companyia Elèctrica Dharma, Els Catarres y una decena más de grupos y artistas musicales participaron en una acción de Tsunami Democràtic que en opinión del juez Manuel García-Castellón es terrorismo. La jornada fue “lúdica” y “festiva”, según crónicas de los medios de comunicación. No hubo ni incidentes ni indicios de violencia ni se pidió el voto para ninguna opción.

A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

"Cuando los periodistas denunciamos los abusos del poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; cuando denunciamos las puertas giratorias de unos y otras entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial … ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos, por ejemplo, a uno de los casos más sangrantes de interferencia partidista en los nombramientos de jueces, juezas, fiscales y un largo etcétera. Nos referimos al caso del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que es la materialización en cuerpo y alma de la ley de amnistía para el PP".

La Fiscalía Anticorrupción y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez también han reclamado que se revoque la decisión del magistrado de sentar en el banquillo de los acusados a la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy

La sección tercera atiende el recurso de Gómez de Liaño y revoca la decisión del juez García-Castellón, quien rehusó citar a declarar a la exsecretaria general del PP que supuestamente dirigía el "lobby judicial" encargado de "matar civilmente" a Bárcenas y a su abogado para que no filtraran datos sobre la caja b

La decisión de investigar, en la recta final de la negociación sobre la amnistía del 'procés', a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el marco de la causa por el 'Tsunami Democràtic' enciende las críticas contra este juez, cuya trayectoria está marcada por su afinidad al PP.

Según ha podido saber VilaWeb, un equipo médico del Servicio de Emergencias Médicas desplazado al aeropuerto justamente debido a la movilización pudo atender inmediatamente al hombre antes de que llegara el servicio médico de AENA. La muerte de este turista francés ha vuelto a la actualidad a raíz del auto judicial de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia española que investiga el Tsunami Democrático, en el que relaciona la muerte con la movilización social.

El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva a sus espaldas las ya 34 piezas de la operación Tándem está puesto en entredicho por acusaciones y defensas debido a «subjetividad manifiesta a la hora de investigar los encargos políticos realizados por una parte del Partido Popular y que sin duda pasaban por las manos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de por los ministerios de Interior y Justicia, cuando no por el propio presidente del gobierno,

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón que vuelva a imputar a la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar en el caso Púnica junto a otros tres ex cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre al considerar que el archivo para todos ellos, decretado el pasado mes de octubre, se produjo de manera incorrecta.

Una pintada en la tienda de los padres del ex líder del Ciudadanos, Albert Rivera, fue investigada como terrorismo por parte de la Audiencia Nacional española. Así se constata en las diligencias 104/17 del juzgado central de instrucción número 6, que dirige Manuel García Castellón, que han permanecido durante cuatro años y medio secretas y a las que ha tenido acceso El Mundo.

Si las grabaciones desencriptadas de Villarejo que implican directamente a la Cospedal en bochornosos y delictivos asuntos de las cloacas policiales del gobierno del PP, así la operación Kitchen, no sirven para nada, es decir, que no sirven ni siquiera para llamarla a declarar, es que algo falla en nuestro sistema judicial, y ese algo tiene nombre: el juez García Castellón.

El cariz de la actuación del juez Manuel García Castellón respecto a Cospedal alcanzó su cénit cuando el instructor respondió a la primera solicitud de imputación hecha por la Fiscalía. El magistrado escribió en un auto que debía escuchar primero lo que de Cospedal tenía que decir el supuesto coordinador de Kitchen, Francisco Martínez. Cuando llegó el momento de la declaración de quien fue el secretario de Estado de Seguridad de Jorge Fernández Díaz, el juez no le hizo una sola pregunta que aludiera a Cospedal.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía remitió un atestado al juez del caso Kitchen el pasado 14 de junio en el que analizaba tres de los audios publicados en los últimos meses en relación con el caso Kitchen y la presunta implicación de María Dolores de Cospedal. De los mismos, los investigadores policiales del caso Villarejo informaban a Manuel García Castellón que “contendrían información directamente relacionada con la pieza 7” o Kitchen, según el atestado policial al que ha tenido acceso elDiario.es.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de abrir una investigación a Juan Carlos Monedero, tras fracasar en su intento de investigar a Podemos por financiación irregular. García Castellón lo acusa ahora de blanqueo de capitales y falsedad documental, y se vuelve a apoyar en el testimonio del Pollo Carvajal a pesar de que la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional le ordenara el mes pasado archivar su investigación prospectiva contra Podemos (las investigaciones prospectivas son ilegales). Aquella investigac

El Juez sabe que está desobedeciendo la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e introduce ese Antecedente de Hecho Segundo, con la finalidad de cubrirse las espaldas ante la posible querella por su comportamiento

La causa secreta contra Podemos que ha archivado la Sala de lo Penal señala reiteradamente a cuatro fundadores de la formación que nunca figuraron como investigados; el juez intentó sin éxito que el Supremo imputara por el caso Dina a otros cinco, incluido Pablo Iglesias cuando era vicepresidente. La Audiencia Nacional ordena a García Castellón archivar su investigación secreta y “prospectiva” contra Podemos. El origen del caso es un dosier de la brigada política del PP, confeccionado en 2016, cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo.