Seis ciudades gobernadas por PP, Vox o Foro Asturias han anunciado que eliminarán espacios reservados a la movilidad en bicicleta. Estas infraestructuras fueron construidas con ayudas de Europa que deberán ser devueltas si se suprimen. Si los nuevos Ejecutivos eliminan estas infraestructuras deberán devolver hasta 14,5 millones de euros entre seis ciudades, según el análisis realizado por Público de las ayudas aprobadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

El Gobierno de Brasil anunció el lunes un impuesto del 15% al 20% para fondos de “superricos” y un proyecto de ley para tributar el capital de residentes brasileños en el exterior. Uno establece el cobro, 2 veces al año, de un tributo sobre rendimientos de fondos exclusivos, de titular único e inversión mínima de 10 millones de reales (2 mill. dólares). El otro prevé impuesto anual progresivo de hasta el 22,5% de capital brasileño ubicados en el exterior, incluidos paraísos fiscales. Ambas medidas fueron enviadas al Congreso para su evaluación.

Agencias y fundaciones gestionaron el 70% de las ayudas canalizadas a través de entidades de la administración pública gallega en 2021. Los años de gobierno de Feijóo, Galicia destruyó 65.000 empleos, triplicó su deuda y vio como desaparecía su sistema financiero, se desmantelaba buena parte de su industria y empeoraban la sanidad, la educación pública y los servicios sociales por los severos recortes del PP. En buena parte de ese período se habría desaprovechado por falta de cofinanciación autonómica el dinero de la UE para Galicia.

El precipitado deslizamiento de Rudy Giuliani hacia la ruina política ya no ofrece sorpresa sino que inspira asombro. Cada vez que piensas que ha tocado fondo, desciende a otra grieta legal y ética. Los mismos rasgos que alguna vez hicieron que Giuliani tuviera tanto éxito (su amor por el poder y su anhelo de ser el centro de atención) ahora alimentan su vertiginosa espiral descendente. Es un giro irónico sacado directamente de un drama griego. Después de todo, fue el filósofo griego Heráclito quien observó que “el carácter de un hombre es su…

Vox, como su socio de Gobierno, ostentará una vicepresidencia y dos consejerías, tal y como se anunció la semana pasada en la firma del acuerdo. Alejandro Nolasco será el vicepresidente primero de Aragón y, además, tendrá bajo su departamento —Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia— la dirección general que gestiona el servicio de fondos europeos.

Más de 35.000 euros para restaurar la portada del convento de Santa Isabel de Sevilla. // La Comunidad de Madrid dedica dos millones a restaurar patrimonio histórico de la Iglesia. // Avanzan los trabajos de rehabilitación de la Iglesia de San Cecilio en Granada con 516.000 euros de la Junta de Andalucía. // La Xunta dedica más de medio millón de euros para restaurar la capilla Virgen de los Milagros de la isla de Cortegada (Pontevedra). // La Diputación de Valencia aprueba 300.000 € para restaurar el campanario de la colegiata de Gandia.

¿Los motivos que esgrimen la derecha y la ultraderecha? Libertad para coger el coche y aparcar o que el carril bici es ideología de izquierdas.

En el Ayuntamiento de Mondariz, el candidato del PP opta a la Alcaldía con una obra construida sin licencia sobre suelo rústico en 2022 que recibió 165.999,33€ en ayudas públicas a través de la Xunta. El nuevo candidato del PP la Alcaldía ya había apostado por un gran proyecto empresarial para complementar su negocio de restauración: cuatro pistas cubiertas de pádel financiadas con dinero público que fueron construidas sin licencia municipal y sobre la que han abierto un expediente en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU).

Vox habría pagado de forma irregular el alquiler de una sede que sufragó con donaciones ilegales sin control público y sirviéndose de una falsificación documental en el contrato presentado ante el consistorio municipal a través de Ricardo Belda, único concejal de Vox en Alzira y portavoz de la formación en el ayuntamiento de esta localidad valenciana.

Las nuevas acciones legales contra decisiones municipales van más allá de la alcaldesa y los cargos políticos y empiezan a apuntar a los funcionarios del área de Vivienda