Los obispos de Francia, donde se estimaron 330.000 víctimas, no cuestionaron las cifras, expresaron su “vergüenza” y su primera decisión fue vender patrimonio inmobiliario para pagar indemnizaciones. La actitud de los obispos españoles hacia el informe del Defensor del Pueblo, con falta de colaboración, escasa transparencia, sin dejar acceso a los archivos y tachando de “mentira” la extrapolación de cifras de su encuesta —un 1,13% de víctimas en ámbito religioso, unas 440.000 personas—, es una excepción en el mundo católico.
