El plan pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años.

El documento propone prisión de 3 a 10 años para el causante del hecho. Las penas dependerán del consentimiento de la mujer. Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En uno de los artículos propone la reclusión o prisión de tres a diez años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detalla y agrega: “Con reclusión o prisión de

Ningún profesional de la sanidad pública manchega quiere practicarle un aborto a esta mujer de 47 años con un embarazo de riesgo. Ante la negativa, tendrá que desplazarse a Madrid, a 172 km de su casa.

El cambio constitucional, que de hacerse realidad convertiría a la Carta Magna francesa en la única vigente en todo el mundo que garantiza de manera explícita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, se ha aprobado por 493 votos contra 30.

La coalición denuncia que la medida incumple la Ley del Aborto y presentará una iniciativa para que la Generalitat garantice acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados

Las clínicas que practican abortos en Madrid y Barcelona han amanecido con pintadas en contra de esta práctica y a favor de la vida. "Mata niños" y "asesinos" son algunas de las acusaciones que se han podido ver en los alrededores de estos centros médicos.

La moción, aprobada por el PP y Vox, plantea convenios con asociaciones antiabortistas y declarar a Zaragoza “Municipio por la Vida”.

"Mujer, feminista, lesbiana y gitana", Mendoza ha asegurado en una entrevista con EFE que todas esas identidades "tienen mucho que ver" con el juicio que afronta ante una "teocracia parlamentaria", como define a su país, que recuerda tiene como jefes del Estado a los 'copríncipes de Andorra', esto es, el Obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Activistas de Feminismos Tetuán detenidas por defenderse del acoso y el hostigamiento de los grupos ultras en las puertas de la Clínica Dator de Madrid el 8M de 2021 se enfrentan a un juicio que ha sido aplazado tras dos años.

Subraya que no se puede perseguir penalmente a los miembros del TC por sus decisiones jurisdiccionales

En concreto, el texto de la moción solicita que se ponga en marcha un servicio específico de información y asesoramiento “permanente” para mujeres embarazadas que lo requieran, y “en el que puedan tener información detallada y objetiva sobre el aborto y sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas”.

“Los comités clínicos no son comités éticos, deciden según criterios técnicos qué afecciones son incurables. Cuando las embarazadas acuden con diagnósticos como síndrome de down o acondroplasia, como es el caso de esta mujer, suelen ver visto su derecho al aborto denegado. Pero tú estás en tu derecho de activar el comité clínico en tu comunidad, y así lo hizo ella en Madrid, para lo que solicitó documentación a su hospital de referencia y este le entregó información de 1985”

Los líderes de la alianza, que aglutina a toda la oposición, afirman estar unidos por mejorar las relaciones con Bruselas y desbloquear los fondos para Polonia, congelados debido a una disputa con el bloque por el Estado de derecho.

Las victorias de este martes de los demócratas en Ohio, Virginia y Kentucky coincidieron con encuestas sobre las elecciones presidenciales 2024, en las que Trump aventaja a Biden en cuatro puntos, y advierten que Trump ganaría a Biden en cinco de seis estados clave (y en consecuencia se llevaría la victoria final). La victoria de los partidarios del aborto en Ohio supone un serio aviso a los republicanos de que su guerra contra este derecho de las mujeres, que funcionó sin problemas durante medio siglo, será castigado en las urnas.

Esta activista por el derecho al aborto visita España para colectivizar la situación de los derechos reproductivos en Polonia y para incidir en que en países como España aún no hay libre acceso a la píldora abortiva.

El Jefe de Estado asumió este compromiso el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, en respuesta a la inquietud suscitada por la anulación, hace año y medio, de la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en todo Estados Unidos.

Aunque la reforma del Código Penal castiga a quienes intenten obstaculizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, colectivos religiosos sortean la norma amparándose en la libertad religiosa

RedMadre es una fundación antiabortista que acudía a las clínicas de aborto a presionar a las mujeres y que defiende la continuación del embarazo con estudios sin base científica

La marea verde en México ha conseguido este martes una nueva conquista. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha despenalizado el aborto a nivel federal en todo el país. Esta decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de forma gratuita. Además, indica la resolución de la Corte, en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado. Esta decisión es un escalón más hacia la libertad de interrumpir el embarazo, después del precedente histórico de 2021.

El PSdeG exige a la Consellería de Sanidade que garantice que las mujeres gallegas puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más próximo, y considera "inadmisible" el concurso presentado este mes para externalizar el servicio. La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Noa Díaz, ha presentado iniciativas parlamentarias para que el Gobierno autonómico garantice el cumplimiento pleno en Galicia de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Servizo Galego de Saúde argumenta que no tiene personal ni recursos materiales suficientes para estas interrupciones voluntarias del embarazo por debajo de 14 semanas